La Guardia Civil constata que Colau, CCOO y UGT se han plegado a la estrategia de los separatistas

La Guardia Civil constata en los informes enviados al juez Pablo Llarena que no sólo los Comunes de Ada Colau y Xavier Domènech, sino también los sindicatos UGT y CCOO, se han plegado a la estrategia independentista dirigida por Carles Puigdemont.

En un informe enviado al Tribunal Supremo, la Policía Judicial recuerda que la propia Generalitat alentó la huelga general celebrada el pasado 3 de octubre, para hacer valer el resultado del referéndum ilegal de independencia y protestar por las cargas policiales del 1-O.

La huelga había sido convocada por la llamada Taula per la Democràcia, de la que forman parte los sindicatos UGT y CCOO, junto a entidades independentistas como la ANC y Òmnium Cultural. Durante la jornada, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, matizó la posición de su sindicato alegando que, aunque se había sumado al «paro de país», no apoyaba una declaración unilateral de independencia.

Colau encabeza la manifestación

Durante los actos convocados por la huelga, el entonces presidemnte de la ANC, Jordi Sànchez, declaró que la Policía Nacional y la Guardia Civil sólo quieren «hacer daño al pueblo de Cataluña» y habían acudido a «apalizar a los ciudadanos con odio en los ojos».

El informe que la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo también menciona varias veces el apoyo dado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a los independentistas. Al respecto, recuerda que durante el fin de semana previo al 1-O Colau visitó uno de los colegios electorales que habían sido ocupados por voluntarios de la CUP y los CDR, para evitar que fueran desalojados por la Policía.

Y de nuevo, Ada Colau encabezó junto a su teniente de alcalde Gerardo Pisarello y a Xavier Domènech la manifestación que recorrió Barcelona el 17 de octubre, para exigir la puesta en libertad de los «presos políticos» Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, contra los que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acababa de dictar prisión provisional.

Todos son «presos políticos»

De hecho, fue el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, el primero que acuñó el término «presos políticos» para referirse a los independentistas encarcelados. Con anterioridad, Unidos Podemos ya había calificado como «presos políticos» al terrorista Arnaldo Otegi, al «antifascista» Alfon (condenado a cuatro años de cárcel, tras ser detenido en una manifestación portando una mochila con explosivos), al asesino Rodrigo Lanza (cuando fue condenado por dejar paralítico a un mosso d’esquadra) y al líder del SAT Andrés Bódalo, condenado por dar una paliza al teniente de alcalde socialista de Jórdar. Todos, presos políticos.

Durante las semanas posteriores al referéndum ilegal del 1-O, destacados miembros de Podemos impulsaron (ocultando las siglas de su partido) la campaña Parlem, con la que pretendían presionar al Gobierno de Rajoy para que «dialogara» con Carles Puigdemont.

De nuevo, Podemos se ponía al servicio de la política de hechos consumados del presidente de la Generalitat, quien buscaba la mediación de la Unión Europea para obligar a Rajoy a negociar las condiciones de la independencia. Puigdemont había dejado claro que éste era el único punto que deseaba negociar: los plazos de la independencia y el «reparto de activos» (incluyendo la deuda de más de 52.000 millones de euros de la Generalitat) entre los dos hipotéticos Estados resultantes, Cataluña y el resto de España.