Los Franco comunican que no se harán cargo de los restos del dictador si es exhumado

Al presidente Pedro Sánchez se le acumulan los problemas. Apremiado por Pablo Iglesias, al que ya no sabe cómo complacer, ha empeñado su palabra en que exhumará los restos de Franco este mismo mes de julio para sacarlo del Valle de los Caídos. Un gesto simbólico –anclado en una guerra civil que acabó hace 80 años– con el que quiere inaugurar su sobrevenida Presidencia.

El empeño de ambos por reescribir la Transición (en palabras de Pablo Iglesias, hay que «romper el candado del 78», es decir, el actual régimen constitucional) pone ahora sobre la mesa un nuevo dilema: ¿qué hacemos con los restos de Franco?

El plan anunciado por el Gobierno socialista era entregar los restos del dictador a sus herederos para que los depositen en un mausoleo familiar. Pero no va a ser tan fácil. Los nietos de Franco ya han comunicado al Gobierno, por vías indirectas, que no van a hacerse cargo de sus restos si es exhumado. El mensaje se ha hecho llegar a través de un intermediario porque, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la familia Franco todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre los planes del Gobierno.

Los nietos de Franco ya han comenzado a reunir a un sólido equipo de juristas para diseñar la batalla legal que van a emprender para frenar el proyecto de Pedro Sánchez. Como informó ayer OKDIARIO, el primer paso de esta estrategia ha sido acudir al despacho de un notario de Madrid para dejar constancia de su firme oposición a que los restos del dictador sean extraídos de la tumba que ocupa en la basílica del Valle de los Caídos.

Las cenizas de Rudolf Hess

El Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid establece que la exhumación de un cadáver debe realizarse a petición, o con la conformidad, de algún familiar. Algo que no ocurre en este caso. El Gobierno de Pedro Sánchez ya está valorando las herramientas legales que hará valer para cumplir este objetivo, apelando a la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante la negativa de la familia, el Ejecutivo socialista puede verse obligado ahora a abrir un nuevo debate: ¿Dónde colocar los restos de Franco? Hay precedentes históricos, aunque quizá no resulten muy adecuados.

En julio de 2011, la tumba del lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, fue desmantelada después de que la comunidad evangélica de Wunsiedel (Baviera) se negara a prorrogar el alquiler del sepulcro a sus familiares. El cementerio se había convertido en un lugar de culto y peregrinación para grupúsculos nostálgicos del nazismo.

Los restos de Hess (que se suicidó en 1987 ahorcándose con un cable en su celda de la cárcel de Spandau, donde cumplía cadena perpetua) fueron incinerados y arrogados al mar, para evitar que fueran venerados por los neonazis en cualquier otro lugar. Algo parecido ocurrió con otros jerarcas del nazismo (entre ellos, Hermann Göring y Martin Bormann) condenados a la horca en los Juicios de Nüremberg: tras la ejecución, sus restos fueron incinerados y arrojados a las aguas del río Isar. Sólo es una idea.

La Iglesia debe autorizar la exhumación

La familia Franco ha recordado que el dictador nunca pidió expresamente ser enterrado en el Valle de los Caídos (la decisión se tomó tras su muerte), sino que deseaba que la basílica de Cuelgamuros fuera un lugar de reconciliación de los españoles y de recuerdo de los horrores de la guerra civil. Bajo el templo descansan los restos de víctimas de ambos bandos de la guerra.

Los nietos también alegan que no depositarán los restos de Franco en ningún panteón familiar, porque no pueden garantizar que sea objeto de actos vandálicos. La basílica del Valle de los Caídos está bajo la jurisdicción de Patrimonio Nacional, aunque el traslado de los restos sólo podría hacerse con la autorización de la Archidiócesis de Madrid, según los acuerdos suscritos entre el Gobierno español y la Santa Sede.