Una empresaria «estafada» por la mujer de González se querella contra Podemos por denigrar su imagen

La educadora infantil Carmen Pazos ha presentado una querella por injurias y calumnias contra Podemos en la que exige 185.000 euros por los daños causados a su imagen y su empresa.

Pazos es propietaria de la cadena de guarderías Mis Pollitos y denuncia haber sido «estafada» por la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, tras asociarse con ella en el Grupo Empresarial Chickies SL y terminar imputada en la ‘Operación Lezo’ por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La empresaria, muy conocida en Castilla y León, ha decidido emprender acciones legales contra el partido de Pablo Iglesias y su secretario General en Salamanca, Ignacio Paredero, por la campaña de acoso y desprestigio contra su persona en los medios de comunicación y las redes sociales que le han dejado al borde de la quiebra. La formación morada ha organizado incluso protestas en la calle contra ella.

Según la querella de 6 páginas presentada por la defensa de Pazos, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Podemos difundió en las redes sociales un montaje fotográfico con el logotipo de la empresa Mis Pollitos en el que se retiran los citados pollitos del logotipo y se introducen las fotos del alcalde de Salamanca y presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Ignacio González y la propia Pazos «cambiando el título de ‘mis pollitos’ por ‘mis chanchullitos’”.

La defensa de Pazos, que ejerce el abogado Enrique de Santiago, sostiene que existe «una manifiesta intención denigratoria» de su marca comercial y de ella misma, que «nada tiene que ver con la disputa política, la libertad de expresión o parte de un show jocoso-festivo, que ocasiona daños importantes que pueden llegar al cierre de unidades productivas de la empresa, abandono de clientes y la pérdida de músculo económico que ocasionará la reducción de personal y/o el cierre empresarial en ultimo caso».

La educadora también denuncia la emisión por parte de Podemos de un video montaje de los dibujos animados Los Simpson donde se hace una parodia en la que a su empresa «se le imputa un delito relativo al mercado y a los consumidores de corrupción en los negocios».

«Así mismo», añade la querella, «se han producido mensajes en redes imputando delitos a nuestra representada –persona física y jurídica-, sacando cosas de contexto con objeto de dañar y denostando la imagen pública de la misma, y la marca que con tanto esfuerzo ha conseguido posicionar».

El letrado de Pazos recuerda que la mercantil Mis Pollitos «no es objeto de investigación, ni actuación judicial alguna» y que la educadora está siendo investigada en la ‘Operación Lezo’ por blanqueo de capitales, que «nada tiene que ver con los delitos que se están vertiendo en los medios de comunicación por parte de Podemos».

Pide declarar voluntariamente

Precisamente, la empresaria Carmen Pazos ha solicitado recientemente declarar voluntariamente en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ante el instructor del caso Lezo, Manuel García-Castellón para aclarar las acusaciones de blanqueo de capitales.

La propietaria de la cadena de guarderías Mis Pollitos afirma que la sociedad objeto de investigación Grupo Empresarial Chickies constituida junta a la esposa de González, Lourdes Cavero, «no ha tenido más vida o actividad que 4 meses» y que la aportación realizada consistió «en una unidad productiva» con? «absoluto desconocimiento de la procedencia de los metálicos ingresados por los otros socios en la mercantil y sin datos objetivos que pudieran hacer sospechar de una procedencia ilícita».

Pazos destaca su «desconocimiento de la situación legal e investigación a la que estaban siendo sometidos los socios» a excepción del dúplex de Estepona del matrimonio González Cavero, y que los conoce desde hace apenas unos meses resultando perjudicada «en su peculio, imagen y trabajo». ?Además se reserva emprender acciones legales contra Cavero por estafa «una vez que demuestre su inocencia».

En el escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Pazos destaca «los daños que se están irrogando tanto a nivel social» en la ciudad donde vive Salamanca, «como empresarial y personal. Unos daños «muy elevados» que «pueden llevar a la necesidad de la presentación de concurso de acreedores con el despido de un importante número de trabajadores».