Denuncian al Diplocat ante la Fiscalía por comprar a diputados suizos con cenas y viajes gratis

Una docena de diputados suizos integrados en el Grupo de Amistad Parlamentaria Helvético-Catalana difundió el 27 de septiembre de 2017 una «Carta abierta al Gobierno de España», en la que instaban al Ejecutivo de Rajoy a «respetar el derecho del pueblo catalán a determinar su propio futuro. Tiene que realizarse un gran debate democrático que desemboque en la celebración de un referéndum, como fue en el caso de Escocia».

Estos mismos diputados, que pertenecen a distintos partidos, han presentado durante los últimos meses dos interpelaciones, dirigidas a su Gobierno, en las que muestran su preocupación por la causa judicial que el Tribunal Supremo celebra contra Oriol Junqueras y otros cabecillas del golpe de Estado del 1-O. La respuesta del Gobierno helvético a estas interpelaciones siempre ha sido la misma: no puede interferir en los asuntos interior de otra democracia europea.

El apoyo de estos parlamentarios suizos al proceso de independencia de Cataluña no ha salido gratis, sino que ha sido comprado por la Generalitat con fondos públicos. Así lo pone en evidencia el informe de fiscalización difundido por el Tribunal de Cuentas el pasado mes de marzo sobre las políticas de acción exterior de la Generalitat correspondiente a los ejercicios 2011 al 2017.

El informe explica que el Diplocat (que entonces dependía del conseller de Exteriores, Raül Romeva) y la delegación de la Generalitat en Ginebra han pagado desde 2016 numerosas cenas y viajes a los diputados suizos que ahora utilizan su cargo público para pedir un referéndum de independencia en Cataluña.

De hecho, durante la aplicación del artículo 155 se halló en la delegación de la Generalitat en Ginebra un borrador, con varias correcciones y rectificaciones en catalán, de una de las interpelaciones que estos diputados suizos han dirigido a su Gobierno sobre la situación en Cataluña. Algo que indica que los miembros de la delegación de la Generalitat participaron en la redacción del documento.

A la luz de estos datos, las asociaciones Catalunya Peuple d’Espagne (CPDE) y Politeïa (integrada por agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policías locales) han presentado ante la Fiscalía de Suiza una denuncia contra el Diplocat por presunto tráfico de influencias: es decir, por comprar con viajes y cenas a los diputados suizos que apoyan el procés.

En su denuncia, ambas asociaciones han incorporado un extracto del informe del Tribunal de Cuentas que pone en evidencia el pago de prebendas por parte de la Generalitat a este grupo de diputados helvéticos.

Según dicho informe, entre febrero y marzo de 2016 el entonces delegado de la Generalitat en París realizó varios viajes a Suiza para entrevistarse con diputados helvéticos que podían ser favorables a la causa independentistas. Dos de estos diputados crearon cuatro meses después, en julio de 2016, el citado Grupo de Amistad Parlamentaria Helvético-Catalana.

El 22 de noviembre de aquel mismo año, el director del Diplocat gastó 2.008 francos suizos para ofrecer una cena a diez diputados suizos. El informe del Tribunal de Cuentas detalla que el coste por comensal fue de 191’5 euros y se consumieron ocho botellas de vino, con un coste total de 633 euros.

Tan sólo un mes después, el 16 de diciembre de 2016, un grupo de quince diputados suizos (entre los que se encontraban los comensales del director del Diplocat, Albert Royo) presentó la primera interpelación dirigida al Gobierno helvético sobre la situación en Cataluña. En abril de 2017, el Diplocat gastó más de 4.700 euros públicos para pagar el viaje de tres días cinco diputados suizos a Barcelona, donde mantuvieron una reunión privada con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Entre estos diputados que viajaron a Barcelona con todos los gastos pagados por la Generalitat se encuentran los firmantes de la «Carta abierta al Gobierno de España» que expresaron su apoyo al proceso de independencia de Cataluña.

En su denuncia presentada ante la Fiscalía suiza, las asociaciones Catalunya Peuple d’Espagne (Cataluña Pueblo de España) y Politeïa señalan que «estos representantes electos del pueblo suizo», que han cobrado de la Generalitat a cambio de apoyar su proyecto de secesión, ponen en peligro «nuestra imagen de neutralidad y nuestra tradición de respeto al Estado de Derecho».

Además de incurrir en una injerencia en los asuntos internos de otra democracia europea, «amiga y aliada tanto política como económica de Suiza». La denuncia añade que los citados diputados «están actuando a favor de un intento de golpe de Estado», en el que los ciudadanos catalanes que no comparten las tesis nacionalistas «se han enfrentado al riesgo de perder sus derechos como ciudadanos, vieron cómo sus datos personales (nombre, número de documento de identidad y dirección) se utilizaron ilegalmente para crear las bases de datos necesarias para la secesión y cómo se politizaron y transformaron las escuelas en las que estudiaban sus hijos como instrumento al servicio de la secesión «.

«En otras palabras», añade la denuncia presentada en la Fiscalía helvética, «una situación que nosotros mismos no hubiéramos aceptado en Suiza. Sin embargo, parece que nuestros funcionarios electos han apoyado esta forma de hacer las cosas. Es preocupante saber que una fuerza extranjera influye en nuestras políticas. Ahora, el Tribunal Supremo de Madrid juzga a doce infractores por estos actos».

La asociación Catalunya Peuple d’Espagne, fundada en Lausanne por el ex militar suizo François Meylan, ha presentado durante los últimos meses otras denuncias contra el presidente Quim Torra por delitos de odio, contra TV3 y contra varios Mossos por actuar como una «policía política al servicio del golpe separatista».