Denuncian a 7 mossos ante la UE por actuar como «policía política» al servicio del golpe separatista

La asociación Cataluña Pueblo de España, fundada en Lausanne (Suiza), ha remitido al Comité de Derechos Humanos de la ONU, al Parlamento europeo y a la Fiscalía de Barcelona un dossier sobre las actividades ilegales de siete agentes de los Mossos d’Esquadrada, para denunciar que este cuerpo funciona como una «policía política» al servicio del golpe de Estado separatista de Puigdemont y Torra.

La denuncia también ha sido remitida al Ministerio de Interior español, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, y al Gobierno suizo, para que se investiguen las actividades de Marta Rovira, Anna Gabriel y la ANC en aquel país. La asociación fundada por François Meylan ya presentó el pasado mes de octubre ante la Fiscalía suiza una denuncia contra el presidente de la Generalitat Quim Torra por delitos de odio y apología de la violencia.

En el dossier presentado ahora, Cataluña Pueblo de España explica que a Generalitat ha creado una «policía política» en el seno de los Mossos d’Esquadra, cuyos miembros, «inducidos por sus superiores y por el aparato secesionista catalán, no tienen el menor inconveniente en infringir leyes y reglamentos» para ponerse al servicio del golpe de Estado separatista. Algunas de las actividades ilegales que se enumeran en el dossier son las siguientes:

El ‘mosso’ de la cicatriz

El sargento del área de escoltas de los Mossos d’Esquadra Lluís E.M. viajó a Bruselas para proteger a Carles Puigdemont como guardaespaldas tras huir de la Justicia. Se pasó tres meses en Bruselas alegando que estaba de vacaciones. La Guardia Civil sospecha que este agente ayudó a Puigdemont a huir de España y fue el encargado de trasladarle oculto en el maletero del coche desde su casa de Gerona hasta el aeropuerto de Marsella, el 29 de octubre de 2017.

El dossier elaborado por la asociación Cataluña Pueblo de España señala que este mosso podría haber incurrido en un delito de encubrimiento (según el artículo 451 del Código Penal), además de vulnerar el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que prohíbe a los agentes desarrollar actividades privadas incompatibles con su cargo.

Durante la aplicación del artículo 155, la División de Asuntos Internos (DAI) le abrió un expediente disciplinario a instancias del Ministerio de Interior, pero todo indica que ha sido archivado sin tomar ninguna medida contra él. En la actualidad continúa en Waterloo y el actual conseller de Interior Miquel Buch le ha puesto un sueldo de 76.000 euros anuales como «asesor de sistemas de seguridad corporativa».

Un ‘mosso’ condenado por extorsión

También ha actuado como guardaespaldas de Carles Puigdemont durante su estancia en Bruselas el mosso Antonio J.A. Este agente fue condenado en 2011 por el Juzgado de lo penal número 3 de Gerona a un año y medio de cárcel por extorsionar a una joven, a la que exigió 6.000 euros a cambio de no difundir unas fotos en las que aparecía desnuda. El agente no llegó a entrar en la cárcel porque la pena impuesta era inferior a los dos años.

En el mismo juicio, fue acusado de corrupción de menores por hacer proposiciones sexuales por internet a varias chicas de 13 y 14 años, a las que había dado una charla como miembro de Psicojove en un instituto de Secundaria de Santa Coloma de Farners. La sentencia dio credibilidad a las insinuaciones sexuales y comentarios lascivos del agente a las chicas, a las que además pedía que le enviaran fotos íntimas, pero la juez no dio «relevancia penal» a estos hechos.

El ‘chivato’ de la ANC

El dossier también reserva un apartado para Albert Donaire, el portavoz de la sectorial de la ANC denominada inicialmente Mossos per la Independencia y ahora Mossos per la República. Donaire utiliza las redes sociales para sostener que España es «un cáncer» y un «Estado fascista con una policía fascista». También anunció a través de Twitter su intención de desobecer las órdenes dictadas por el juez para impedir el referéndum ilegal del 1-O: «Yo no pienso retirar ni una sola urna el próximo 1-O. Espero que todos tengan claro a quién soy leal».

La denuncia remitida por Cataluña Pueblo de España a la ONU, al Parlamento europeo y a la Fiscalía especifica que Donaire vulnera así abiertamente el artículo 68 de la Ley 10/1994 de la Policía de la Generalitat de Cataluña, que impone a todos los agentes del cuerpo «el deber de fidelidad a la Constitución española».

El agente que ocultó las urnas

También forma parte de la sectorial de los Mossos en la ANC el inspector jefe de seguridad ciudadana de Lérida, Francesc Xavier R.P. Un juez le investiga porque, junto a Albert Donaire, formaba parte del grupo de Telegram que acredita que miembros de la Policía autonómica colaboraron para ocultar y distribuir las urnas del referéndum ilegal del 1-O. «Las urnas y las papeletas están todas en Sarroca de Lérida y desde aquí las distribuiremos a toda la provincia mañana», rezaba uno de los mensajes del chat.

El grupo de Telegram que utilizaban estos Mossos demuestra que la Policía autonómica dirigida por Trapero tenía instrucciones de desobedecer las órdenes del juez durante la jornada del 1-O: «Yo lo tengo muy claro», decía otro de los mensajes, «las instrucciones son porque no podemos desobedecer abiertamente al TSJC. Pero cuatro son multitud, hemos de pedir refuerzos que no vendrán. Levantemos acta para justificar nuestro trabajo pero no es necesario ni poner nombres. Si son dos, he visto cuatro. Nuestra función real es proteger al pueblo». En el mismo grupo, Donaire y su compañero hablaban de la necesidad de resucitar el grupo terrorista Terra Lliure y de realizar una purga entre los jueces, una vez triunfara el golpe secesionista.