Internacional

Timochenko, líder de las FARC, niega la validez del plebiscito en Colombia: «No tiene efecto jurídico»

Fue NO. Y nadie lo esperaba. Probablemente, ni los defensores del NO esperaban que saliera NO. Pero fue NO. Y aunque todo estaba preparado para que ganara el SÍ, los colombianos rechazaron el acuerdo de 297 páginas que recogía las condiciones pactadas para el fin de las extorsiones, violaciones, secuestros y asesinatos financiados con el tráfico de cocaína por toneladas durante más de cinco décadas en Colombia, en nombre de una supuesta revolución marxista. El líder de las autodenominadas Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, se niega a aceptar la validez del plebiscito: «No tiene validez jurídica alguna». La apuesta de los terroristas por la política y la democracia empieza mal, pues.

El terrorista jefe se ha referido así, desde La Habana, a la derrota de los acuerdos en el plebiscito de este pasado domingo 2 de octubre. Según Timochenko, el pacto de paz «ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza en Berna, ello le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico», argumentó.

Y ésa es la razón por la que los narcoguerrilleros llaman «al movimiento social y político a respaldar resueltamente, mediante la movilización y otras formas de expresión pacíficas» el texto negociado en La Habana. Es decir, que vistiéndolo de bellas palabras apelando a la paz, la democracia y la esperanza en el futuro de una Colombia de todos, Timochenko dice que se desoiga al 50,21% de los votantes colombianos, que dijeron este domingo NO.

Por ahora, los terroristas han anunciado este lunes desde Cuba que mantendrán el alto el fuego definitivo en Colombia, que entró en vigor a finales de agosto, pese al inesperado rechazo al acuerdo de paz en el plebiscito del domingo. Pero curiosamente hablan en nombre del presidente de la República, Juan Manuel Santos, pues certifican que el alto el fuego «bilateral» seguirá vigente: «Reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el gobierno», ha declarado Timochenko.

Todo esto demuestra lo ilógico de haber hecho una ceremonia solemne con invitados internacionales antes de que los colombianos se pronunciaran libremente en referéndum. Al cabo de mas de seis años de contactos primero y luego difíciles negociaciones, Timochenko y Santos habían firmado el acuerdo el pasado lunes durante una ceremonia en Cartagena (Caribe de Colombia).

Juan Manuel Santos y Timochenko, de las FARC, tras firmar el pacto en Cartagena (Foto: AFP)

Mencionados como favoritos al Premio Nobel de Paz, el mandatario y el líder terrorista esperaban una victoria del SÍ para iniciar la implementación de los convenios, que entregaban dinero, impunidad y escaños a los guerrilleros a cambio de que dejaran las armas y se convirtieran en partido político.

Sin embargo, un 50,21% de los colombianos votó en contra del acuerdo frente a un 49,78% que lo hizo a favor, en una consulta con una abstención del 62%. Ningún sondeo anticipó semejante resultado que deja ahora en un limbo imprevisto todo el proceso.

Timochenko sí tiene claro que no le importa el juicio de los colombianos, y apela a un fallo de la Corte Constitucional, esa misma que nunca respetó, para defenderlo.

Otros que sí saben qué se debe hacer a partir de ahora son los integrantes del Centro democrático, el partido liderado por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Desde que se conoció el contenido del acuerdo, el pasado 25 de agosto, y desde que se supo que se negociaba, hace cuatro años, y desde que Santos llegó al poder y se sospechaba que estaba hablando en secreto con las FARC –como se demostró recientemente, en la carta secreta publicada por OKDIARIO–, el uribismo ha estado en contra de cómo se estaba enfocando el proceso. Y ha exigido una renegociación de lo acordado, como hacen ahora. Reclaman que los narcoterroristas paguen «siquiera un mínimo de cárcel por sus delitos atroces», y que «no se les dé elegibilidad en cargos públicos» y «mucho menos se les regalen curules [escaños]».