Santos huye de otro plebiscito y llevará el nuevo pacto con las FARC al Congreso para que lo aclamen

Todavía no han dicho nada los representantes de la mayoría de los colombianos, ésos que rechazaron en plebiscito el pasado 2 de octubre el acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Todavía no sabe el presidente si las modificaciones introducidas en el texto cuentan con la satisfacción de sus predecesores Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, líderes junto a otros movimientos políticos y el ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, de la campaña del NO. Y aun así, ya se ha anunciado que el nuevo texto será refrendado en el Parlamento colombiano «lo antes posible».

No habrá nuevo plebiscito, no se introducirá una sola coma ni se borrará una sola letra de los papeles firmados en La Habana por los narcoterroristas y los negociadores gubernamentales. Simplemente, se llevará a la Cámara y celebrará su consecución, y con eso quedará sellada la paz… o eso pretende Juan Manuel Santos.

Colombia lleva más de 50 años sufriendo un terrorismo que comenzó amparándose en una ideología marxista y romántica, levantando la bandera de los campesinos desheredados y de los partidos comunistas, excluidos del juego democrático. Ese levantamiento en armas, ilegítimo como cualquier otro que decide disparar para imponer sus ideas en un escenario democrático, derivó además de una mafia extorsionadora, un cartel de tráfico de cocaína y un ejército terrorista que reclutaba niños, violaba niñas, secuestraba políticos y empresarios, expulsaba de sus tierras a los campesinos que supuestamente decía defender… y provocó más de 220.000 muertos, una cifra de unos cuatro millones de desplazados y al menos 45.000 desaparecidos.

Ahora, de un plumazo y en menos de mes y medio, se han rehecho unos acuerdos que tardaron más de seis años en negociarse, después de innumerables intentos durante décadas de alcanzar una paz negociada con el mayor grupo narcoterrorista del planeta. Y, ante el riesgo de que los colombianos vuelvan a rechazar los términos del pacto, se les hurta esta posibilidad y éste se someterá a un parlamento con una mayoría prefijada en favor de acabar de una vez con este proceso. Más allá de que el juego democrático pueda poner en riesgo su implementación en año y medio, cuando en 2018 unas elecciones presidenciales puedan dar el poder a quien aún mantiene muchos reparos con lo acordado, firmado y, pronto, refrendado.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha anunciado este sábado su intención de llevar el nuevo acuerdo negociado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al Congreso. Así lo pedía el ex presidente Álvaro Uribe, pero para poder debatirlo y modificar aquello en lo que los representantes del NO vean que no se han satisfecho sus demandas, las que les llevaron a ganar el plebiscito hace mes y medio.

«Vamos a llevar el miércoles el tema de los acuerdos al Congreso, previa discusión con las FARC», ha explicado Santos, según recoge el diario colombiano El Tiempo.

El propio Santos ha reconocido a Uribe la idea de llevar lo pactado al Legislativo para debatirlo, aunque no se ha referido en ningún momento a una votación parlamentaria. Además, al ser un acuerdo ya cerrado, los diputados no podrán introducir cambios. Y es que la idea de Santos es, más que discutir los términos del pacto, celebrar una representación de aplauso a las modificaciones introducidas.

Éstas se centran en la explicitación de un mecanismo de reparación económica a las víctimas, a través del dinero ilegal acumulado por las FARC; en la especificación de que quienes confiesen y colaboren no irán a la cárcel pero deberán estar sometidos una especie de reclusión territorial muy acotada; y en que la Justicia transicional esté sometida a la tutela de la Justicia ordinaria, al menos en lo tocante a posibles recursos a sus sentencias.

Sin embargo, en lo tocante a la elegibilidad política de los asesinos y sus jefes máximos no se ha llegado a ningún avance, lo que sin duda provocará polémica con los representantes del NO.

«A mí me parece de la mayor importancia que este Congreso piense, a través de los voceros de todos los partidos, en promover el acuerdo nacional. Nosotros también quisiéramos tener la oportunidad de sentarnos con voceros de cada partido para examinar diferencias sobre estos acuerdos. Creo que un acuerdo nacional, estimulado por el Congreso, en temas sustantivos facilitaría enormemente el tema de la refrendación», ha apuntado Santos, que ha evitado en todo momento hablar de debate y de votación.

En cuanto al proceso de refrendación de lo pactado, Santos ha apuntado que «es un paso importantísimo dentro de este proceso y hemos escuchado con muchísima atención las diferentes expresiones de los que están sugiriendo que sea el Congreso la vía de refrendación». Unas palabras que suenan bien pero que no comprometen a nada y que mantienen el oscurantismo en la resolución de un conflicto, el político, sin cuya aclaración se pondrá muy difícil la salida verdadera y justa al otro conflicto, el de un país soportando más de medio siglo el chantaje asesino de unos narcotraficantes.