El presidente de Polonia firma las dos leyes por las que la UE le ha abierto proceso sancionador

El presidente polaco, Andrzej Duda, ha promulgado las dos leyes que reforman el sistema judicial, desafiando con ello las críticas de la Unión Europea, que este mismo miércoles ha abierto un procedimiento que podría culminar en la suspensión del derecho a voto de Polonia como país miembro por atentar contra el Estado de Derecho.

«He tomado la decisión de promulgar estas leyes», ha anunciado Duda en una declaración transmitida en directo por la televisión polaca, reaccionando así al anuncio realizado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

El ministro de Exteriores, Witold Waszczykowski, ya advirtió en octubre de que Polonia «no aceptará intervenciones externas».

«Con gran pesar hemos activado el artículo 7.1 [del Tratado de la Unión Europea], pero los hechos no nos dejaban otra opción», ha anunciado Timmermans horas antes.

El ‘número dos’ del Ejecutivo comunitario ha subrayado que la decisión llega tras dos años intentando sin éxito establecer un diálogo con Varsovia para tratar de enmendar la controvertida reforma de la judicatura que preocupa a Bruselas, porque a su juicio concede al Gobierno ultraconservador polaco todo el control sobre el Poder Judicial.

Con todo, Timmermans ha negado que Bruselas esté recurriendo al «botón nuclear» y ha recalcado que sigue abierto al «diálogo 24 horas al día, siete días a la semana». En este sentido, ha asegurado que si Polonia da marcha atrás en sus reformas y pone en práctica las enmiendas solicitadas, entonces la Comisión, de acuerdo con el Consejo y la Eurocámara, podría «reconsiderar» la aplicación del artículo 7.

El origen de la polémica

Las dos leyes promulgadas por Duda —que ya firmó los texto el pasado julio— reforman el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura —el órgano de gobierno de los jueces—.

Ahora, el Supremo podrá llevar a cabo «revisiones extraordinarias» de los fallos dictados por instancias inferiores, pudiendo retrotraerse hasta 20 años. Además, se creará una cámara disciplinaria en el Tribunal que estará formada parcialmente por personas designadas por el Parlamento. Asimismo, los magistrados deberán jubilarse a los 65 años —hasta entonces lo hacían a los 70—, aunque podrán prorrogar su vida laboral según decida el presidente caso por caso.

En cuanto al Consejo, el Parlamento nombrará a la mayoría de sus miembros, competencia que recaía en los propios jueces. Cada grupo parlamentario podrá proponer hasta nueve candidatos.

El Gobierno esgrime que estas dos leyes son necesarias para enmendar el ineficiente sistema judicial polaco. La oposición, en cambio, considera que son inconstitucionales porque acaban con la separación de poderes.

La Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa que supervisa el cumplimiento constitucional de sus estados miembro, ha advertido de que esta reforma pone la independencia judicial «en grave peligro».