Petro propone reducir la criminalidad en Colombia dejando de contar delitos

Desde la victoria electoral de Gustavo Petro en Colombia hace medio año hasta la fecha, el patrón seguido por el ex convicto guerrillero colombiano ha sido fiel a la hoja de ruta de la izquierda populista internacional, no sólo latinoamericana. El último ejemplo ha sido su plan de cambiar la forma de medir la criminalidad en el país para de esta forma maquillar las cifras reales de los delitos que se producen en el país y esconder una realidad para la que no ofrece ninguna alternativa, ni solución.

La iniciativa disparatada ha encontrado toda clase de relaciones en las redes sociales no solamente de Colombia, sino de toda el área de América Latina: Petro propone reducir la tasa de criminalidad eliminando el calificativo de crimen a las actividades delictivas.

«Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se considera crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen en Colombia», aseguró sin sonrojarse el dirigente político para defender el proyecto de ley de su gobierno a través del cual busca la eliminación en el ordenamiento jurídico de delitos como el incesto, la calumnia o la injuria, del mismo modo que dejarán de ser delitos los actos violentos producidos en las manifestaciones que tengan lugar en la vía pública.

Según la lógica del presidente de Colombia, bastaría con legalizar el narcotráfico o el robo para que la criminalidad bajara en el país.
Las intenciones de Petro puestas ahora sobre unos delitos que algunos no son tales en otros países (el incesto no se considera ilegal en España ni tampoco está penado) han encendido todas las alarmas porque podría llegar a extenderse a otros ámbitos, especialmente el de la droga, donde el Gobierno colombiano libra una batalla de décadas contra su uso ilegal. Cada intervención en dicho sentido del presidente colombiano desde que resultó elegido ha ido encaminada a hablar de la despenalización de la droga en un momento en el que, según Naciones Unidas, la superficie cultivada se ha incrementado en un 43% y, por tanto, el potencial equivalente para producir cocaína. El pasado mes de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, Petro calificó de «irracional» la batalla contra el narcotráfico.

Verdadero problema

La tasa de criminalidad es un verdadero problema en Colombia. De hecho, se trata del segundo país con mayor índice de crimen organizado en el mundo, según diferentes estudios que posicionan a los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Sólo la República Democrática del Congo supera a Colombia en lo que supone la existencia de mercados ilegales, estructura, influencia de los actores criminales y la capacidad del Gobierno de hacer frente a las actividades delictivas por medio de las políticas públicas. En el caso colombiano se debe fundamentalmente a que es el país donde más exporta cocaína en el mundo, se vive en una situación constante de conflicto y la trata de personas representa un grave problema.

Igualmente, durante el pasado año hubo 12.221 homicidios en Colombia, cifra ligeramente menor que en el año anterior, pero que sitúa al país en una tasa de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes y qué muestra la verdadera magnitud del problema cuando se compara por ejemplo con los 0,64 asesinatos por cada 100.000 habitantes que hay en España.

Del mismo modo que en Venezuela, Nicolás Maduro llevó a cabo una modificación del cálculo de la inflación para maquillar las cifras o que Pedro Sánchez en España también modificó la forma de contabilizar el número de parados, descontando por ejemplo los fijos discontinuos, para esconder las cifras reales del paro, es ahora Petro quien lleva la lección bien aprendida de sus correligionarios internacionales: si no sabes revertir un problema, cambia la forma de medirlo, y presume de gestión.

Las reacciones al plan del ex guerrillero Petro no tardaron en llegar. Para el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, «los códigos penales tipifican ciertas conductas como delitos para proteger bienes jurídicos que la sociedad por su bien necesita proteger», añadiendo que «un asesinato o un secuestro o un hurto lo son aunque hubiese imbéciles que los eliminaran del Código Penal».