Al fiscal de Manhattan se le escapan los peores delincuentes de Nueva York mientras persigue a Trump

A pesar de pasar meses persiguiendo al ex presidente Donald Trump, el equipo del fiscal del distrito, Alvin Bragg, no ha podido acabar con algunos de los peores delincuentes reincidentes de la ciudad de Nueva York, incluidos varios con más de 100 arrestos. Aunque el crimen en la ciudad se encuentra actualmente al mismo nivel que en el mismo período del año pasado, los delitos graves por agresión continúan aumentando más de un 8,5 por ciento, con 84 homicidios y más de 3.500 robos en la Gran Manzana.

Bragg no tiene problemas para inflar los cargos contra el presidente Donald Trump y convertirlos en delitos graves, pero cuando se trata de delincuentes profesionales de la vida real, incluso los violentos, hace lo contrario: reduce los delitos graves a simples delitos menores. Eso es lo que, por ejemplo, hizo la semana pasada con Rodney Johnson, un delincuente de 53 años con casi 90 antecedentes penales. Cuando la policía arrestó a Johnson por un delito de robo en tercer grado en dos farmacias de Manhattan, incluida una en la que supuestamente amenazó a los trabajadores con gas pimienta, la oficina del fiscal Bragg retiró todas las acusaciones por delitos menores de amenaza y hurto menor. Al final fue puesto en libertad previo pago de una fianza de 1 dólar.

Los neoyorquinos que sobrevivieron a la ciudad durante la pandemia recuerdan los largos meses en que la oficina de Bragg se convirtió en una puerta giratoria para delincuentes profesionales que salían a la calle a plena luz del día y provocaban que muchos neoyorquinos temieran el metro.
En enero del pasado año, en el funeral por el detective de Nueva York Jason Rivera, su viuda Dominique Luzuriaga denunció que el fiscal Bragg, no persigue a los asesinos, violadores y delincuentes profesionales. «Sé que estabas cansado de estas leyes, especialmente las del nuevo fiscal del distrito. Espero que te esté viendo hablar a través de mí en este momento», dijo Luzuriaga entre aplausos y ovación de pie desde los bancos.

La política de extrema izquierda de Bragg sugiere no perseguir ciertos delitos, transformar delitos graves en delitos menores, liberar a criminales peligrosos antes del juicio sin fianza y reducir drásticamente el tiempo de cárcel. Debido a esta política de indulgencia con la inseguridad ciudadana, la ciudad de Nueva York es ahora más peligrosa que antes. En su primer año en el cargo, Bragg rebajó más de la mitad de los delitos graves a infracciones y, aun así, perdió la mitad de los delitos graves que llegaron a juicio.

El fiscal de Manhattan no cree que alguien deba ir a la cárcel por homicidio. Trevell Coleman, rapero que cumplía 15 años de una cadena perpetua asesinato hace 30 años, fue indultado en diciembre tras un anuncio de la oficina de Bragg. Parece ser que lo más importante en su departamento era preparar la acusación a Trump y dejar que los reincidentes violentos siguieran causando estragos.

Reacciones a las acusaciones del fiscal

El mayor problema que tiene el fiscal del distrito es que su acusación contra Trump tiene grandes incoherencias. Bragg se arroja el derecho de hacer cumplir las leyes electorales federales para las que carece de jurisdicción como fiscal estatal, del mismo modo que no puede invocar las leyes electorales estatales para las elecciones presidenciales de EEUU.

«Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los expresidentes, pero todos tienen derecho a la igualdad de trato ante la ley. La extralimitación del fiscal sienta un precedente peligroso para criminalizar a los opositores políticos y daña la fe del público en nuestro sistema de justicia», aseguró Mitt Romney, líder republicano que ha sido uno de los grandes adversarios de Trump dentro del partido.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró que «Alvin Bragg está intentando interferir en nuestro proceso democrático al invocar la ley federal para presentar cargos politizados contra el presidente Trump, ciertamente utilizando fondos federales, mientras que al mismo tiempo argumenta que los representantes de los pueblos en el Congreso carecen de jurisdicción para investigar esta farsa».