Los europeos que viven en Reino Unido necesitarán pedir un documento especial tras el Brexit

La primera ministra Theresa May ha presentado en el Parlamento un plan según el cual los europeos -hay 3,2 millones- que quieran seguir viviendo en Reino Unido tras el Brexit deberán firmar un documento especial. May asegura que esos ciudadanos no tendrán que irse salvo si han cometido delitos graves, mientras que desde la UE se ha criticado que es un documento «vago» y «poco generoso», algo que también ha dico Corbyn.

El gobierno de May publicó un documento de 15 páginas con su oferta, que precisa que los europeos tendrán que obtener un documento de residencia y sus derechos serán tutelados por cortes británicas, y no europeas, algo que ha disgustado en Bruselas.

«Ningún ciudadano europeo que se encuentre en el Reino Unido legalmente será obligado a irse. Queremos que os quedéis», dijo May, precisando que aquellos que lleven más de 5 años en el país tendrán los mismos derechos que los británicos en sanidad, educación o ayudas sociales bajo un nuevo «estatuto acordado».

Sin embargo, los europeos tendrán que entrar en el entramado burocrático del proceso de regularización, del que estaban exentos, aunque May prometió que el ministerio de Interior está trabajando para aligerar los trámites. Además, la Unión Europea exigió no sólo que puedan quedarse, sino que lo hagan en los mismos términos que ahora.

El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, recordó: «Objetivo de la UE sobre derechos de los ciudadanos: el mismo nivel de protección que en la legislación de la UE. Más ambición, claridad y garantías [son] necesarias en la posición de hoy de Reino Unido».

Sin aclarar fechas

May no precisó la fecha de corte a partir de la que empezarán a contarse los cinco años de residencia en el Reino Unido que garantizarán la igualdad de derechos, pero sí repitió que, a quienes lleven menos tiempo, se les permitirá gestionar su permanencia.

Además, como ya hizo en Bruselas, atrayendo críticas de los líderes europeos, May insistió en que los derechos de los europeos pasarán a ser tutelados por la justicia británica, y no la europea.

«La Corte de Justicia de la UE no tendrá jurisdicción en el Reino Unido», afirma el documento presentado por May. Finalmente, la vigencia de la oferta de May dependerá de que los europeos ofrezcan el mismo trato al millón de británicos que viven en la UE.

«Esperamos ver garantías equivalentes para los británicos residentes en la UE», afirma el documento. La oposición expresó su inquietud porque el plan no especifica en detalle que pasará con los hijos de los europeos, o con el derecho de reunión de europeos casados con extracomunitarias.

«No es una oferta generosa. Es la confirmación de que el gobierno está listo a usar a esta gente como monedas de cambio», dijo Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista. «¿Han estudiado que impacto tendrán estas medidas en los servicios sociales?» añadió Corbyn, estimando que no ayudarán a atraer a los trabajadores europeos que tanto necesitan sectores como la sanidad pública.