Internacional

Duque y 80 senadores colombianos demandan a Maduro por asesinato, tortura y apartheid ante la CPI

Iván Duque, aspirante a la candidatura presidencial del Centro Democrático (CD) de Álvaro Uribe ha presentado una denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya (Holanda) por la comisión de delitos de asesinato, desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, persecución, genocidio y apartheid.

A la firma de Duque le acompañan las de más de 80 senadores colombianos, comprometidos con la defensa de los derechos humanos en la vecina Venezuela. Los impulsores de esta iniciativa actúan, dicen, ante «la ausencia de compromiso del Estado» colombiano, personificando la inacción en su presidente, Juan Manuel Santos.

“Los Estados pueden presentar denuncias, pero también lo pueden hacer los poderes públicos ante la ausencia de un compromiso formal del Estado», argumenta Duque. La demanda, de 58 páginas, está dirigida a la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda.

Demanda contra Nicolás Maduro presentada por el senador colombiano Iván Duque. (OKD)

En sesión plenaria ante la Cámara Alta colombiana, el senador Duque hizo esta pregunta ante los legisladores: “¿Qué harían si ustedes ven al vecino suyo, al que vive al lado, golpear sistemáticamente, todos los días, a su esposa, amarrar a sus hijos a sus camas, privarles de la alimentación? Es deber ciudadano denunciar”, dijo. “La libre determinación de los pueblos no es una patente de corso para hacerse el de la vista gorda con lo que está pasando en un país vecino”, dijo el senador ante la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, citada a un debate de control político.

Son ya 39 las muertes detalladas por la propia Fiscalía general venezolana en el último mes y medio de protestas diarias contra la dictadura chavista. Duque denunció el asesinato de líderes de la oposición, la persecución sistemática y represión de la fuerza pública, los más de 1.900 detenidos que se registran entre abril y lo que va de mayo, y la actitud de persecución violenta de la dictadura de Maduro. “Estamos viendo situaciones muy graves de tortura de líderes de la oposición pasando todo tipo de vejámenes como en el caso de Leopoldo López”, resaltó.

Sobre la denuncia

Los denunciantes argumentan su denuncia en que Venezuela es un Estado parte del Estatuto de Roma y miembro de la Corte Penal Internacional (CPI). Así, ante las flagrantes violaciones de derechos humanos y la comisión de crímenes de derecho internacional por parte de Nicolás Maduro, él, en su calidad de jefe de Estado y comandante de las fuerzas armadas venezolanas, es sujeto de la jurisdicción de esa Corte.

Javier Cremades, Leopoldo López padre y Alberto Ruiz-Gallardón. (Foto: ADP)

De un modo similar a la demanda ante la Audiencia Nacional española que anticiparon los abogados de Leopoldo López en España, Alberto Ruiz-Gallardón, Felipe González y Javier Cremades, la iniciativa se sustenta también en la nacionalidad colombiana en este caso de algunas de las víctimas de las fuerzas de Maduro. Así, Duque argumenta que los colombianos también han sido víctimas de los crímenes internacionales de la dictadura bolivariana, especialmente en lo que tiene que ver con las deportaciones, la xenofobia e incluso el apartheid.

Al ser Colombia también parte del Estatuto de Roma y Estado Miembro de la CPI, tiene derecho de presentar denuncias ante esa Fiscalía. Y, ante la inacción del Gobierno de Santos con el régimen venezolano, Duque ha decidido tomar la iniciativa y presentar una denuncia. El objetivo es que se inicie una investigación independiente y se active la jurisdicción internacional presentando una acusación formal en contra de Nicolás Maduro.

Otra de las motivaciones —también argumentada por Gallardón, González y Cremades para armar su denuncia contra el Estado venezolano ante la Audiencia Nacional española— es que la Justicia venezolana no está siguiendo ninguna investigación sobre estos extremos. Es más, según el senador Duque, el Poder Judicial en Venezuela está controlado por el régimen, razón por la que es imprescindible que una corte independiente investigue estos delitos.