La Asamblea Constituyente comenzará con su punto de mira puesto en la amenazada fiscal Luisa Ortega

La Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro empezará a sesionar este sábado con la mira puesta en la fiscal general, Luisa Ortega, entre nuevas señales de rechazo internacional con la posible suspensión política de Venezuela en el Mercosur.

Presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, la Constituyente prevé instalar una Comisión de la Verdad que, según Maduro, «traerá justicia» tras los incidentes violentos registrados en las protestas que le acosan desde hace cuatro meses y que dejan unos 125 muertos.

«Si aquí hubiese una Fiscalía que actuara (…) hace tiempo que todos esos guarimberos (manifestantes violentos) estuviesen encarcelados», dijo el viernes el gobernante socialista al enfilar contra Ortega, en un acto militar realizado con la presencia de Rodríguez unas horas después de la juramentación de los constituyentes.

Maduro y dirigentes oficialistas han advertido que la asamblea, un «suprapoder» que reescribirá la Carta Magna promulgada en 1999 por el fallecido expresidente Hugo Chávez, «pondrá orden» en el Parlamento –de mayoría opositora– y en el Ministerio Público.

Aunque el mandatario prometió que la Constitución resultante se sometería a referendo, los asambleístas tomarán decisiones de aplicación inmediata. Uno de sus blancos es Ortega, confesa chavista que fracturó al oficialismo al romper con Maduro.

La fiscal, para quien la Constituyente refleja «una ambición dictatorial» del presidente, recibió el viernes una medida de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró su vida en «riesgo».

Riesgo inminente para la vida de Luisa Ortega

El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el gobierno no reconoce, anunció el otorgamiento de medida cautelar de protección para Ortega, por considerar que su vida e integridad «enfrentan riesgo inminente de daño irreparable».

Ortega, para quien la Constituyente refleja «una ambición dictatorial», es una veterana chavista que se alejó del gobierno al denunciar que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional. La funcionaria presentó varios recursos contra la Constituyente, todos desestimados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.

Esta semana, anunció que abrió una investigación contra los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la denuncia de Smartmatic, empresa que dio soporte tecnológico a los comicios para la Constituyente, de que hubo «manipulación» en los resultados.

Maduro y dirigentes oficialistas han advertido en varias ocasiones que la Asamblea Constituyente «pondrá orden» en el Parlamento de mayoría opositora y en el Ministerio Público. El pasado lunes, el presidente propuso que la Constituyente levante la inmunidad a los diputados para someterlos a la justicia y tome «el mando» de la Fiscalía.

«¿Qué creen que (la Constituyente) deba hacer con la Fiscalía? Reestructurarla de inmediato, declararla en emergencia y tomar el mando para que haya justicia», sostuvo.

«No se equivoquen»

Las primeras deliberaciones de la Constituyente coincidirán con una reunión de los cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Sao Paulo. Suspendida desde diciembre de 2016 por incumplimiento de obligaciones comerciales, Venezuela podría volver a ser sancionada, esta vez por una «ruptura del orden democrático», adelantó el canciller brasileño, Aloysio Núñez.

No se contempla, sin embargo, una expulsión. Frente a la presión de la comunidad internacional, Rodríguez lanzó una advertencia en su primer discurso como presidenta de la Constituyente: «No se equivoquen (…) Los venezolanos resolveremos nuestro conflicto, nuestra crisis, sin ningún tipo de interferencia extranjera».

«Imperio, salvaje y bárbaro, no te metas con Venezuela», agregó en referencia a Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de la Constituyente, al igual que una decena de gobiernos latinoamericanos y la Unión Europea.

El Vaticano se sumó el viernes a las peticiones de echarla atrás, al señalar que fomenta «un clima de tensión». La instalación de la Constituyente se da en medio de las acusaciones de «fraude» en las votaciones del pasado domingo para elegir a los 545 delegados.

La empresa Smartmatic, proveedora tecnológica de los comicios, denunció una «manipulación» de resultados del poder electoral, que había anunciado que ocho millones de votantes acudieron a las urnas (41,5% del padrón).

La Constituyente estaba cuestionada desde el principio, porque Maduro la convocó sin referendo previo y porque la oposición alega que su mecanismo de elección favorecía de antemano al sufragio chavista.  Según la encuestadora Datanálisis, siete de cada diez venezolanos la rechazan.