El 85 por ciento de los venezolanos están en contra de la Constitución que quiere imponer Maduro

El 85 por ciento de los venezolanos se opone a modificar su Constitución, según una encuesta de la firma local Datanálisis realizada después de que la Justicia avalara una convocatoria del presidente, Nicolás Maduro, para instalar una Asamblea Constituyente que reforme la carta magna.

En el sondeo, efectuado hecho entre el 29 de mayo y el 4 de junio, los encuestados debían responder cuán de acuerdo estaban con la afirmación «No es necesario cambiar la Constitución actual. Lo que el Gobierno debe hacer es cumplirla». Sólo 12,5 por ciento estuvo en desacuerdo.

La encuesta también mostró que el 80 por ciento de los encuestados estaba al tanto de la propuesta del presidente Maduro de instalar una Asamblea para rescribir la carta magna, y de ellos 69,1 por ciento, rechazó la propuesta.

Venezuela ha sido remecida por dos meses de protestas en contra de Maduro, a quien la oposición acusa de llevar al país petrolero a una profunda crisis económica, de usar las fuerzas de seguridad para reprimir la disidencia y de encarcelar a sus enemigos políticos.

La ola de manifestaciones, saqueos y disturbios ha dejado al menos 67 muertos. El mandatario se defiende diciendo que los manifestantes son «terroristas» violentos que buscan derrocarlo con la ayuda de Estados Unidos y otras potencias extranjeras.

Como ha sucedido con otros líderes mundiales que han mostrado preocupación por Venezuela, en la víspera el Ministerio de Relaciones Exteriores «repudió» declaraciones «injerencistas» de la canciller alemana Angela Merkel, quien llamó a encontrar una salida pacífica a la «desastrosa» situación del país.

La evaluación de la gestión del presidente, un exchofer de autobús, también fue rechazada por la mayoría. Un 72,7 por ciento le dio una mala calificación, y un 86,1 por ciento consideró que se debe convocar un referendo previo a la instalación de la Asamblea Constituyente.

La autoridad electoral, aliada del Gobierno socialista, prepara las elecciones de los nuevos redactores de la carta magna para finales de julio, a pesar de las críticas que ha generado ir al proceso sin una consulta previa.