Vox recurre a la Junta Electoral la prohibición del veto a Prisa alegando «problemas de aforo»

Vox intentó vetar a los periodistas del Grupo Prisa a sus actos y mítines y Abascal lo justificó acusándoles de difundir una «demonización» de su partido que puede tener consecuencias y llevar «incluso a la violencia». El veto se produjo después de que El País publicara un editorial en el que sostiene que las posiciones «xenófobas e intolerantes» de Vox exigen «activar todas las alarmas».

«Si dice que no se puede tratar a Vox como al resto de partidos, nosotros no tratamos a El País como al resto de medios de comunicación. Es un periodismo militante contra Vox y sus 2,6 millones de votantes», defendió Abascal durante una entrevista en Cope.

Con este veto a Grupo Prisa, ya eran cuatro los medios que no podrían acceder a los actos de Vox, al menos acreditados como profesionales de la información. El partido liderado por Abascal ya prohibió el acceso a medios como El Español, La Marea o Público. «Nosotros aceptamos la crítica, pero debemos distinguir entre quienes son periodistas o activistas políticos, en muchos casos de la extrema izquierda», ha insistido el líder del partido.

Tras la polémica suscitada, la Junta Electoral Central (JEC) estableció que Vox «no puede discriminar» ni vetar ni impedir el acceso de los periodistas a los actos electorales que haga el partido. La Junta estima así los recursos planteados por los medios para garantizar el derecho constitucional «a comunicar y recibir libremente información veraz».

Ahora Vox ha vuelto a recurrir a la JEC. Los servicios jurídicos del partido han presentado un escrito en el que solicita que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas contra la denuncia formulada por el Grupo Prisa. El partido alega problemas de aforo en sus instalaciones y ha remitido una lista con medios de comunicación acreditados para la noche electoral para que sea la Junta Electoral la que decida «a qué medios se debe desalojar».

Vox defiende que para la noche electoral ha acreditado a 135 periodistas de 87 medios de comunicación y hay una lista de espera de otros 40 medios por «la imposibilidad de ubicarlos sin superar el aforo». La versión de la formación de Abascal es que cumple «estrictos protocolos de seguridad» ante «agresiones y actos vandálicos» que han sufrido durante la campaña.