Vox se persona en la causa penal contra el Delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M

VOX anuncia que se persona en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 51 contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la macromanifestación feminista del 8- M.

El equipo jurídico de Santiago Abascal solicitará a la juez que instruye la causa, Carmen Rodríguez-Medel, que admita su personación en el caso para poder ejercer la acusación popular en el procedimiento en el que se investiga la posible responsabilidad de Franco en la propagación del virus y avanza que presentará el escrito de acusación «en los próximos días».

Se trata de la causa que se inició tras la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares contra el Ejecutivo y su responsable en la capital madrileña, como posible autor de un delito de prevaricación administrativa por autorizar la celebración de la marcha feminista del pasado 8 de marzo y otras 76 concentraciones más, pese a que en dicha fecha ya se conocían las advertencias de riesgo de contagio por COVID-19.

Por el momento, en este procedimiento sólo tiene la condición procesal de investigado el delegado del Gobierno en Madrid. Si bien Valladares ha pedido a la instructora la imputación de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, al que atribuye la comisión de sendos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por parte de la Administración.

En los últimos días han sido varias las asociaciones de víctimas y afectados las que han solicitado incorporarse al proceso en condición de acusación particular. Entre ellas, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Fundación Zaballos que, a su vez, se querelló contra el Gobierno en su totalidad ante el Supremo por un delito de homicidio imprudente. La juez ha admitido ya esta posibilidad a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, para defender los intereses de los perjudicados.

La Guardia Civil

En el avance de la causa serán esenciales los dos informes de la Guardia Civil que obran en poder de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. Tal es así, que el intento del Interior por conocer los atestados aportados por los investigadores de la Benemérita, motivó la destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos y, un día después, la dimisión del número dos de la Benemérita, Laurentino Ceña.

El primero de los documentos reveló cómo Fernando Simón estaba al corriente de las advertencias de varios organismos y entidades internacionales, como la OMS, sobre el peligro de celebración de actos masivos para la propagación de los contagios. Motivo por el que el propio Simón, en compañía del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cancelaron un congreso evangélico previsto para los días 18 al 20 de marzo, tras reunirse con sus organizadores.

En las últimas horas se han conocido los detalles del segundo dictamen de los agentes de la policía judicial responsables del caso. Tal y como publica en exclusiva OKDIARIO, Fernando Simón tenía conocimiento de la gravedad de la situación «el 10 de febrero». Un mes antes de la convocatoria de las macromanifestaciones feministas del 8-M.

A escasos días de que el delgado del Gobierno, José Manuel Franco, comparezca ante la juez para declarar, el próximo día 10 de julio, la documentación y pruebas practicadas por la Guardia Civil demuestran que varios funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid se encargaron de llamar a varios responsables de manifestaciones para pedirles que las anularan de forma voluntaria. Y admiten que esas llamadas no quedaron registradas, tal y como debería hacerse con «todas» las que se efectúan.

No fueron «llamadas habituales», admitieron hasta ocho convocantes entrevistados por los agentes. Se trató de llamadas «imperativas» por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid para que cancelasen motu proprio sus diferentes convocatorias.

Se dispararon los contagios

Además, dos doctoras del área sanitaria de la Delegación del Gobierno en Madrid, funcionarias de carrera de la Administración, reconocieron a la Guardia Civil que la celebración de la manifestación multitudinaria del 8 de marzo, permitida por dicha institución, disparó los contagios por coronavirus.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel investiga las consecuencias penales del visto bueno que dio el delegado socialista José Manuel Franco a la concentración que reunió a 120.000 personas cuando el virus ya estaba desbocado en la capital.

En concreto, la Policía Judicial tomó testimonio la pasada semana a personal del ámbito sanitario y de riesgos laborales destinado en la Delegación del Gobierno en Madrid. Dos de los funcionarios interrogados fueron dos mujeres pertenecientes al área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno en Madrid: una como directora (que responde a las siglas T. A. S.) y otra, como jefa de dicha área (A. S. B., por su nombre).