Vox no aceptará los acuerdos firmados por PP y C’s para impulsar leyes de género en Andalucía

Esa ley regula la activación contra el hombre de los mecanismos de género sin intervención judicial y con el mero informe favorable de un empleado de los servicios sociales de un ayuntamiento. La formación de Santiago Abascal no aceptará ese punto del acuerdo.

El acuerdo en defensa de las leyes de género ha sido recogido en el punto 84 del acuerdo entre PP y C’s. “Impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género” y que, además, “implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social”, dice este punto del acuerdo.

Esa norma en cuestión recoge todo un programa de “reeducación social” para lograr “la reducción del riesgo de la violencia de género”, como señala expresamente la norma. Entre los tratamientos que la Junta de Andalucía puede dispensar con este fin se encuentra el “tratamiento psicológico, mecanismos de readaptación, resocialización, rehabilitación y otros procedimientos técnicos aconsejables”.

Sin que el supuesto agresor haya sido declarado como tal

La ley en cuestión permite, además, activar los mecanismos de género sin que el supuesto agresor machista haya sido declarado como tal por ninguna resolución judicial, documento fiscal o informe policial alguno. Los mecanismos se pueden activar simplemente por “certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública competente”; certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la Administración Pública competente”; certificación o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública competente”; o por “informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral”.

Es más, la norma se reserva el derecho de dar más poder a estas actuaciones: “Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir por los profesionales para hacer efectivo lo establecido en el apartado anterior”.

La misma norma recoge también partidas presupuestarias para alterar el sistema educativo “incluyendo la coeducación de manera transversal y la educación afectivo-sexual de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los niños y niñas”; realizar “actuaciones de sensibilización” para “modificar los mitos, modelos y prejuicios existentes y deben recoger, al menos [la presentación de] la violencia en su naturaleza estructural y multidimensional, como fenómeno enmarcado en la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres”; y, crear todo un colectivo de funcionarios especializados en la “coordinación” de los sistemas de género y la formación de “profesionales de los distintos sistemas públicos de promoción y protección social”. Y lo expuesto queda en su mayoría bajo control directo de los organismos administrativos de la Junta de Andalucía.

Vox afirma que esos mecanismos esconden un plan de “reeducación social” -lo dice expresamente la norma- cuyo poder queda en manos, en última instancia de los partidos políticos, y no aceptará el desarrollo firmado por PP y Ciudadanos.

No se trata del único punto de choque que se observará entre los hombres de Abascal y los de Juan Manuel Moreno (PP) y Juan Marín (C’s). OKDIARIO ya ha publicado que, entre otros de los puntos que serán revisados por Vox, se encuentran los que afectan al traspaso de competencias en materia educativa, judicial, sanitaria y de seguridad, los que suponen una aplicación de leyes ideológicas de izquierdas -como la Ley de Memoria Histórica andaluza- o el que afecta a Canal Sur, donde el pacto PP-C’s habla sin más de crear un comité de expertos que analice la situación y posibles recortes de gasto y Vox reclama un plan urgente para acabar con el despilfarro y sectarismo del canal.