Vox amplía a Illa su querella contra Sánchez en el Supremo por imprudencia grave con resultado de muerte

El partido de Abascal también aprecia en la actuación del ministro delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad

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Salvador Illa y Pedro Sánchez. (Foto: La Moncloa)

Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, e imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del covid-19.

Según informa el partido de Abascal en un comunicado donde informa de la ampliación de la querella contra Salvador Illa, encuentra que el ministro ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.

Documento borrado

Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública, según esta parte. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.

La formación también se refiere, en la querella, al Informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado «Evaluación rápida del riesgo», donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.

«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica la representación legal de Vox en su escrito.

La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, la formación liderada por Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que se libre oficio al Instituto de Salud Carlos III a fin de que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, desde este organismo europeo así como de cualquier otro organismos internacional como la OMS.

También pide que el Instituto de Salud Carlos III proporcione todos los informes realizados desde el 31 de diciembre de 2020; que se recabe la relación de comunicaciones entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, así como a cualquier organismo público. Otra de las diligencias solicitadas por Vox es la declaración de Fernando Simón y de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III .

Gobierno

Vox ha presentado la querella contra el jefe del Ejecutivo y contra su Gobierno «liberticida por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad».

Abascal comunicó la decisión después de que el PSOE denunciase a Vox ante la Fiscalía General del Estado al considerar que la formación ha podido incurrir en posibles delitos de odio, injurias y calumnias por varios mensajes dirigidos desde su perfil oficial en Twitter contra el Gobierno y los socialistas.

Ese mismo día, Vox también registró una querella ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra; los consejeros Chakir el Homrani y Alba Vergés, y el secretario de Salud Pública, Joan Guix, por la gestión de la Generalitat durante la pandemia de coronavirus.

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