Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tienen todo listo para la votación del fallo sobre la ocultación de las empresas donde Carmena tiene 430.000 euros invertidos.
Como avanzó OKDIARIO, la alcaldesa de Madrid perdió un juicio contra el ciudadano madrileño Guillermo Rocafort que quería saber si el «fondo de inversiones» de Carmena era una SICAV o de qué empresas tiene acciones para determinar si hay conflictos de interés en sus adjudicaciones como primera edil.
En primera instancia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid dio la razón a Rocafort y dictó que el Ayuntamiento debía informar sobre las inversiones de la alcaldesa. Sin embargo, Carmena descontenta con el fallo recurrió al TSJM.
Como ha podido saber este periódico, tras las convenientes averiguaciones, la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal da por «conclusas» las actuaciones previas y avisa a las partes de que el caso queda «pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno les corresponda».
Junto al ponente José Ramón Chulvi participarán en la votación los magistrados José Daniel Sanz, como presidente, María Soledad Gamo y Natalia de la Iglesia.
Los hechos se remontan a febrero de 2016, cuando Rocafort reclamó en base a la Ley de Transparencia que la alcaldesa, como el resto de ediles, desglosara su patrimonio societario. En el escrito, apuntaba que, por ejemplo, el concejal del PP Pablo Cavero sí incluyó el nombre de las sociedades en las que tenía acciones y la fecha de adquisición. Algo que no hizo Carmena. Esa vía es la única para saber si existen conflictos de interés entre las decisiones de la alcaldesa y las empresas en las que tiene participaciones.
Sin embargo, Ayuntamiento inadmitió la petición de información alegando que Carmena ya había incluido su declaración de bienes en el Portal de Transparencia, siguiendo el formulario oficial. El solicitante denunció entonces ante los tribunales que esa razón no figura entre los motivos de la Ley de Transparencia para denegar una petición.
Finalmente, el juez Ángel Ardura sentenció “estimar en parte el recurso contencioso-administrativo ordenando retrotraer las actuaciones administrativas al momento anterior al dictado de la resolución recurrida, para que por el Ayuntamiento se proceda a la tramitación de la solicitud presentada por el demandante”.
Fuentes oficiales del entorno más próximo de la alcaldesa confirman a OKDIARIO aseguran que “no se trata de una Sicav” sino “una cartera de acciones”.
En 2016, Carmena afirmó que esos 430.000 euros son “una cartera de renta variable con acciones de distintas sociedades en Bankinter” que “comenzó a nutrirse hace más de 50 años con las que mi padre fue adquiriendo en vida para cada una de sus hijas. Más adelante las que heredé al fallecimiento de mi padre y después las que he ido adquiriendo en distintas fechas como consecuencia de la gestión ordinaria de la cartera”. Sin embargo, las explicaciones no convencen al demandante.
En su escrito remitido al Juzgado el letrado municipal expone que “debe prevalecer el respeto a los derechos a la protección de datos personales o a la intimidad,protegidos constitucional (artículos 18.1 y 105.b) y legalmente (leyes de transparencia, régimen jurídico y procedimiento administrativo). En todo caso, se aplicará atendiendo a un test de daño y de interés público en la divulgación”.
