Las víctimas temen un pacto Gobierno-PNV en el falso perdón de ETA: presos por presupuestos

Las víctimas del terrorismo temen que detrás del falso perdón de ETA -emitido en un comunicado reproducido este viernes por los diarios ‘Gara’ y ‘Berria’- haya un pacto soterrado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV para avanzar en el acercamiento de presos etarras a cárceles de País Vasco y Navarro a cambio de facilitar al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El comunicado de la banda se conoció horas después de que el PNV confirmara que no iba a registrar en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad a los PGE de 2018. Una maniobra que da tiempo al Ejecutivo para levantar el 155 si se desbloquea la parálisis de Cataluña. Los nacionalistas vascos han jugado con todas sus cartas sobre la mesa en la negociación con el Ejecutivo y además de las partidas pactadas en 2017 y la exigencia de retirar el 155 en Cataluña, también podrían haber reclamado el «fin de la dispersión» como condición para allanar los PGE , sospechan las víctimas del terrorismo.

En este contexto, el presidente de la plataforma Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, señaló que «entre fraude del falso perdón y la supuesta disolución, ya tiene Rajoy la coartada para el acercamiento de los etarras, la excarcelación y que PNV apoye los presupuestos».

En la misma línea, el presidente de Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Miguel Folguera, manifestó: «El PNV facilita la aprobación de los presupuestos de 2018, ETA dice que se disuelve. Ojalá lo siguiente no sea el acercamiento de los presos terroristas».

Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) que preside Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995, advirtió al Gobierno que «el Estado debe asegurar que el final de ETA no tenga contrapartidas ni para los terroristas ni para el nacionalismo».

Una posición que la propia presidenta de Covite se encargó de trasladar al ministro del Interior y responsable de Instituciones Penitenciarias, Juan Ignacio Zoido, en una reunión celebrada el pasado jueves. Ordóñez, consciente de la negociación abierta entre Gobierno y PNV, instó al titular de Interior a impedir «el teatro» y «la propaganda» en la disolución de la banda terrorista ETA y a no realizar ninguna concesión en materia penitenciaria a cambio. Ni cesión de competencias ni acercamiento de presos.

Desde el Ministerio del Interior se informó que la respuesta de Zoido había sido que «no habrá atajos ni trato de favor para aquellos que han cubierto de sangre inocente la historia de nuestra democracia, ya que no se olvidará el inmenso dolor de las víctimas ni, por supuesto, la responsabilidad penal por los asesinatos».

Para Covite, es inaceptable que el comunicado de ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes y «pida perdón» solo a aquellas que «no tenían una participación directa en el conflicto». Por ello, este colectivo de víctimas subraya que «la única aportación que ETA puede hacer a la sociedad a la que lleva golpeando medio siglo es esclarecer los más de 400 asesinatos que quedan sin resolver y dar la ubicación de los cadáveres de las víctimas desaparecidas».

Campaña de propaganda

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también exigen al Gobierno que «acabe con este paripé de comunicados, farsas y puestas en escena y que tome la iniciativa para neutralizar esta campaña propagandística orquestada por ETA con la única finalidad de venderse a la comunidad internacional como si ellos fueran los buenos y de esta manera forzar a los Estados español y francés a ceder en sus reivindicaciones».

En el acuerdo alcanzado por Gobierno y PNV para los PGE de 2017, ambas partes dijeron que había dejado fuera de la negociación el acercamiento de presos. Sin embargo, esta cuestión ha estado siempre presente en los contactos discretos mantenidos por populares y nacionalistas.