Las víctimas de ETA tienen que acreditar que lo son para tener «prioridad» en el empleo: los trans, no

Eso significa que aquellas personas que se declaren parte del colectivo LGTBI podrán acceder a itinerarios personalizados para conseguir un empleo. Desde el Ministerio de Trabajo explican que «la consideración a efectos de colectivo prioritario trata de ayudar en aquellos casos en que la pertenencia al colectivo LGTBI pudiera causar algún tipo de discriminación a la hora de acceder al empleo y así lo pusiera de manifiesto la persona interesada».

No obstante, admiten también que «ningún ciudadano o ciudadana en el SEPE, ni en el marco del Sistema Nacional de Empleo tiene que manifestar su pertenencia a cualquiera de los colectivos LGTBI ni, por supuesto, manifestar su identidad u orientación sexual, excepto que la misma persona interesada considere que sea importante compartir esta cuestión, en un proceso de atención personalizada con su orientador u orientadora». Este tipo de datos especialmente protegidos, añaden, «no constan ni deben constar en ningún tipo de registro».

Manifestar esa condición permitirá, por ejemplo, acceder a determinados programas «que imparten directamente en su seno acciones de mejora de la empleabilidad del colectivo, tratándose de programas específicos y especializados como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo».

Más allá de la imposibilidad de comprobar la orientación sexual, la reciente Ley Trans simplifica al máximo el cambio de sexo, de forma que no es necesario aportar informes médicos ni psicológicos ni someterse a un tratamiento hormonal durante al menos dos años, como se exigía hasta ahora.

Víctimas

Como reveló OKDIARIO, el Gobierno olvidó incluir a las víctimas de ETA como colectivo vulnerable en la Ley de Empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo. Para resolver el error, PSOE y Podemos tuvieron que improvisar una enmienda en el Congreso de los Diputados en la que explicaban que la omisión se debía a un «error material».