La comisaria de Justicia de la UE da una lección de división de poderes a eurodiputados separatistas

La comisaria de Justicia Vera Jourová ha respondido a los eurodiputados de ERC Josep-Maria Terricabras y Jordi Solé y al eurodiputado de PDeCAT Ramón Tremosa que ni la Comisión Europea ni los gobiernos «pueden interferir o influir» en decisiones judiciales relacionadas con órdenes europeas de detención y entrega.

La pregunta parlamentaria fue remitida al Ejecutivo comunitario a principios de febrero, antes de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivase las euroórdenes contra los políticos catalanes procesados. También está firmada por Izaskun Bilbao (PNV), Lidia Senra (AGE) y Josu Juaristi (EH Bildu).

Otros eurodiputados extranjeros también participaron, como la nacionalista galesa Jill Evans, la norirlandesa del Sinn Féin Martina Anderson, el francés de Los Verdes José Bové o la también ecologista sueca Bodil Valero.

Estos eurodiputados criticaban en la carta que Llarena tomase en diciembre la «decisión sin precedentes» de retirar las euroórdenes y afirmaban que fue «un movimiento táctico para evitar la derrota en un tribunal belga».

Ante esto, preguntaban a la Comisión Europea si este uso «indebido» de la euroorden «puede afectar a la confianza entre los sistemas judiciales de los Estados miembros». También preguntaron cómo piensa el Ejecutivo comunitario evitar «el uso oportunista de la orden de detención europea en el futuro».

Jourova subraya en su respuesta, fechada el 13 de abril, que la orden de detención europea «es por entero un procedimiento judicial basado en las circunstancias particulares de cada caso concreto».

«Por lo tanto, ni la Comisión ni las autoridades gubernamentales de los Estados miembros pueden interferir o influir en las resoluciones de autoridades judiciales españolas o belgas en relación con la orden de detención europea emitida contra Carles Puigdemont y varios consejeros de su gobierno», continúa la respuesta de la checa.

En este contexto, Jourová recuerda que Bruselas publicó en 2017 una guía para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas con el objetivo de facilitar su uso, así como que seguirá organizando reuniones de expertos para garantizar su aplicación en todos los Estados miembros.