Urkullu dice que el derecho a decidir no implica «necesariamente» la independencia

 El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido que el «derecho a decidir» no es «un derecho jurídico como tal, sino un planteamiento de naturaleza democrática» y que no implica «necesariamente» el ejercicio de la independencia.

Urkullu ha hecho esta reflexión en sendas entrevistas concedidas a los periódicos de los grupos Vocento y al diario Deia publicadas este domingo  en las que opina sobre la crisis del modelo territorial en España, el «proceso» en Cataluña, la posición de la UE ante los nacionalismos locales y la negociación presupuestaria en Euskadi para 2018.

En relación al ejercicio del «derecho a decidir» en Euskadi, Urukullu señala en la entrevista del grupo Vocento que «hay una mayoría importante de la sociedad vasca, que se refleja en las encuestas, que dice estar de acuerdo con el derecho a decidir».

«Y es necesario clarificar -añade-, que el derecho a decidir no es necesariamente el ejercicio de la independencia», sino que es, a su juicio, «favorecer que los ciudadanos puedan ser consultados de manera pactada y con garantías para que se pueda reflejar lo que hayan decidido».

Urklullu deja en manos de los partidos representados en el parlamento Vasco el alcanzar un acuerdo sobre la forma en que se tendría que ejercer ese planteamiento, aunque asegura que él no plantearía una consulta «sin que haya un acuerdo suficiente en la sociedad vasca, lo más amplio posible y entre sentimientos de pertenencia diversos y diferentes».

En la entrevista al diario Deia, Urkullu señala que «la vía vasca (hacia un mayor autogobierno) debe evitar la fractura social y la frustración por discursos que luego no son posibles».

Respecto a la crisis del modelo territorial en España, Urkullu considera que éste «necesita una revisión», muestra su «preocupación» porque «haya una pulsión recentralizadora al amparo del (artículo) 155» y recuerda que su reivindicación permanente siempre ha sido «la unión voluntaria y no la unidad impuesta o constitucionalizada que impera desde la Constitución de Cádiz de 1812».