La UE ultima su examen a Sánchez por la corrupción con datos que igualan a España con Botswana

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 02/07/2023 06:45
  • Actualizado: 02/07/2023 06:45

La Comisión Europea publicará en unas semanas su informe anual sobre el Estado de Derecho en los distintos países, en el que analiza las políticas de sus gobiernos en ámbitos como la corrupción. El examen a España llegará apenas unos meses después de la reforma aprobada por Pedro Sánchez y sus socios para rebajar el delito de malversación y eliminar el de sedición, al gusto del separatismo. En este tiempo se ha conocido además el caso Mediador, la trama que lideraba el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni.

El organismo comunitario, que en anteriores ocasiones ya ha expresado su preocupación por los niveles de corrupción en España, tiene en cuenta para esta nueva evaluación algunos datos demoledores para nuestro país. Entre ellos, el informe de Transparency International que sitúa a España al mismo nivel que otros países como Cabo Verde, Las Granadinas o Botswana. Según el análisis de esta ONG, España obtiene 60 puntos sobre 100, por lo que concluye que «no avanza en sus esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción». El retroceso se produce por segundo año consecutivo, de forma que Transparencia Internacional advierte del «riesgo y peligro» de que siga descendiendo.

En una respuesta por escrito a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, explica que la Comisión «está al corriente» de este informe. Además, añade que «al elaborar el informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión también se basa en los resultados de dos eurobarómetros sobre corrupción».

Se trata del Eurobarómetro especial sobre la corrupción (opiniones de los ciudadanos) y un Flash Eurobarómetro sobre la actitud de las empresas frente a la corrupción.

Según los datos de estos barómetros, el 89% de los españoles considera que la corrupción está «totalmente extendida» en el país, un porcentaje que es superior al de la media en la Unión Europea, que se sitúa en el 68%, y coloca a los españoles como los sextos más preocupados por la corrupción, junto a los italianos (también un 89%) y por detrás de griegos (98%), chipriotas y croatas (ambos 94%), húngaros (91%) y portugueses (90%). Un 48% de los españoles cree que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, frente al 42% que considera que ha permanecido igual.

Malversación

La comisaria indica además que «la Comisión está preparando un paquete de medidas para reforzar la lucha contra la corrupción en la UE que incluye una propuesta de Directiva para actualizar y armonizar las normas de la UE sobre definiciones y sanciones de los delitos de corrupción».

Según esta propuesta, los delitos de malversación que se cometan en territorios de la UE serán castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, un castigo superior a algunos tipos pactados entre el PSOE y ERC en la reforma que aprobaron el pasado diciembre.

La reforma aprobada por Sánchez recoge penas de entre uno a cuatro años, por ejemplo, en el caso de los dirigentes separatistas del procés. Con esta pena se castiga a aquel funcionario o autoridad pública que dé al patrimonio público que debe administrar «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado». Incluso, si no se aprecia un daño grave, la pena de cárcel quedaría en una simple multa.

De aprobarse sin cambios la propuesta que planteó Bruselas recientemente, la pena máxima de cárcel para este tipo de delitos nunca podría ser inferior a cinco años. Por ello, si sale adelante, España tendría que reformar este delito.

Se da la circunstancia de que Sánchez trató de justificar esa polémica reforma en la necesidad de «armonizar» los tipos de corrupción con los «países europeos avanzados en esta materia». Una afirmación que, a todas luces, queda desmentida cuando la UE pretende elevar las penas para estos delitos.