El Tribunal de Cuentas revela un sobrecoste de 20 millones en los trenes que no cabían en los túneles en Asturias y Cantabria

El Tribunal de Cuentas ha destapado un sobrecoste de 19,4 millones de euros en la compra de trenes de ancho métrico por parte de Renfe, después de que la empresa pública incluyera unas especificaciones técnicas que resultaron ser incompatibles con las propias vías por las que debían circular esos trenes. Así lo recoge el informe de fiscalización de la contratación de Renfe de los ejercicios 2020-2024.

El informe ha analizado cómo se prepararon, adjudicaron y ejecutaron los contratos de Renfe Viajeros para la compra de 31 trenes de ancho métrico, que operan en las redes de Asturias y Cantabria, y seis trenes alpinos, evaluando su adecuación a los principios de legalidad, eficiencia y buena gestión pública.

El problema de fondo es llamativamente evitable. Renfe exigió en el pliego unos gálibos; es decir, las dimensiones máximas de altura y anchura permitidas para la circulación de los trenes, que eran incompatibles con las vías por las que ya circulaban otros trenes de su propia flota. El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, ha señalado  que la empresa «podría haber obtenido conocimiento de los gálibos correctos con la simple consulta de sus bases de datos».

El organismo fiscalizador ha añadido que Renfe tampoco se molestó en solicitar información previa al administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, durante la preparación del contrato, lo que pone de manifiesto, según el informe, «una significativa falta de diligencia en su gestión que tuvo importantes consecuencias».

Lo más grave, según el Tribunal de Cuentas, no es solo el error inicial, sino la gestión posterior. En febrero de 2021, Renfe tuvo conocimiento formal, a través de información remitida por Adif, de que los gálibos exigidos en el pliego eran de imposible aplicación. Sin embargo, en lugar de resolver el contrato como estaba previsto ante ese tipo de circunstancias, la empresa optó por no actuar durante años.

No fue hasta noviembre de 2024 cuando Renfe formalizó una modificación contractual que el propio Tribunal ha calificado de «no ajustada a derecho», respaldada por un informe jurídico que presenta, según el organismo fiscalizador, «importantes carencias en su motivación». Esa modificación supuso un incremento de 19,4 millones de euros sobre el precio inicial, equivalente a un 11,9% más, elevando el importe total del contrato hasta los 218,8 millones de euros sin IVA.

El informe también ha detectado irregularidades en el contrato de los trenes alpinos. En este caso, el Tribunal ha concluido que no se ha cumplido el plazo de ejecución «en ninguno de sus hitos», debido a las obras de remodelación de infraestructura que lleva a cabo Adif. Al igual que en el caso del ancho métrico, Renfe no recabó información previa de Adif antes de licitar el suministro, y amplió posteriormente los plazos y modificó condiciones contractuales «de forma tácita», infringiendo el principio formal de contratación pública y apartándose de la normativa aplicable.

El informe del Tribunal de Cuentas ha supuesto un severo varapalo a la gestión de Renfe Viajeros y plantea serias preguntas sobre los mecanismos internos de control y coordinación entre las distintas empresas del grupo ferroviario público español.