La juez del accidente de Adamuz solicita unificar las acusaciones para evitar retrasos: «Es un disparate»

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, Cristina Pastor Recover, emitió el pasado miércoles dos providencias consideradas fundamentales en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz. En ellas, ordena que las acusaciones ya personadas, tanto particulares como populares, se agrupen bajo una única dirección letrada para cada tipo, una para la acusación particular y otra para la popular.

La resolución se adopta en base a criterios de «economía procesal, ordenación del procedimiento y evitación de dilaciones indebidas», y ha provocado el rechazo de parte de las víctimas y de sus abogados. Estos han señalado que entienden la medida, calificada por algunos como «un disparate», como una posible restricción a su capacidad de intervención en el proceso. Las partes cuentan con un plazo de tres días para presentar recurso de reforma contra ambas providencias.

La magistrada, según consta en las dos resoluciones, concede un plazo común de quince días para que las acusaciones alcancen un acuerdo sobre una representación conjunta. En caso de no hacerlo, será el propio Juzgado el que proceda a imponer dicha unificación, incorporando a todas las partes a la dirección letrada de la primera acusación personada o, de forma subsidiaria, a la segunda y sucesivas.

Esta misma fórmula se extiende tanto a las seis acusaciones populares reconocidas en la causa como a las 142 acusaciones particulares, integradas en su mayoría por víctimas y familiares, que figuran personadas en el procedimiento. Los abogados afectados también han expresado su rechazo a la medida, al considerar que implicaría una sobrecarga de trabajo extraordinaria para gestionar una causa de estas características, con más de un centenar de perjudicados.

Retrasos en el procedimiento

Las providencias dictadas por la jueza destacan que esta decisión se adopta con el objetivo de evitar dilaciones indebidas y ordenar el procedimiento, en un asunto de especial complejidad debido al elevado número de partes implicadas. No obstante, la resolución también señala que, pese a la unificación, se garantizará el respeto a las facultades procesales de cada parte dentro del marco común establecido.

Asimismo, la jueza indica en ambas resoluciones que dicha unificación «deberá realizarse mediante un escrito conjunto firmado por todas las partes implicadas o, en su defecto, mediante escritos concordantes en los que se manifieste la conformidad con la representación y dirección designadas».

El portavoz de la asociación de víctimas, Mario Samper, ha expresado su «sorpresa» ante la decisión de la jueza de Montoro, a la que solicitarán aclaraciones sobre si la unificación planteada a las acusaciones se refiere al ámbito civil o al penal.

A la espera de una valoración que el colectivo realizará el próximo viernes, Samper considera que la agrupación de las acusaciones para la responsabilidad civil de las 146 víctimas personadas resulta, cuando menos, «un poco raro». «Cada persona tiene una historia y una situación distinta, que es difícil unificar», señala, y añade que «todos ya hemos pagado a abogados y procuradores que están llevando nuestros casos».

La gran cantidad de acusaciones personadas, tanto populares, entre las que se incluyen organizaciones, sindicatos y otras entidades, como particulares, con cientos de afectados directos, ha sido uno de los elementos que ha contribuido a ralentizar el desarrollo del procedimiento.