El Tribunal de Cuentas detecta más de 3 millones en 1.000 cuentas sin control en el PSOE
El PSOE tenía 969 cuentas corrientes de las que era titular sin incorporar a su contabilidad, con un saldo conjunto de 3.812.385,77 euros, según consta en el último informe del Tribunal de Cuentas.
El hecho, que corresponde a cierre de 2014-uno de los últimos años fiscalizados por este órgano-fue comunicado al partido, que admitió que esas cuentas correspondían, en su mayoría, a agrupaciones locales y que no habían sido integradas en las cuentas consolidadas.
En su escrito de alegaciones, el partido reconoce implícitamente que desconocía la existencia de esas cuentas y que fue después de iniciarse un «proceso de circularización bancaria», a instancias del mismo Tribunal, cuando pudo comprobar que éstas «estaban vinculadas en su práctica totalidad a las entidades locales».
Aclara también el partido que, en cualquier caso, el saldo acumulado en las mismas no afecta a la imagen de la contabilidad del partido.
«En el proceso abierto para la consolidación completa, mediante el que se cumplirá con las previsiones legales antes referidas, quedarán finalmente incorporadas a la contabilidad del partido la totalidad de las cuentas corrientes vinculadas a las entidades locales y los grupos municipales», añade.
Pese a esa incidencia, el PSOE superó el último examen del Tribunal de Cuentas. En su «Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015», el órgano fiscalizador sí puso objeciones a la contabilidad de nueve partidos, entre ellos Ciudadanos, Izquierda Unida, Compromís, Convergència —socio de la nueva Junts per Catalunya— y EH Bildu.
En el informe, el Tribunal analiza las cuentas anuales de 3o formaciones políticas y de sus fundaciones.
En el caso de Ciudadanos el órgano rechaza avalar sus cuentas «debido a las limitaciones al alcance y/o a la importancia cualitativa de las salvedades puestas de manifiesto». Entre ellas, la sobrevaloración o infravaloración de activos o incorrectas clasificaciones de deudas o subvenciones.
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