El Tribunal de Cuentas desnuda a Sánchez: sólo el 0,8% del plan para el reto demográfico fue a vivienda

El Tribunal de Cuentas ha desnudado la propaganda del Gobierno sobre la vivienda. Un informe del órgano fiscalizador que evalúa el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico revela que sólo el 0,8% de los 13 millones destinados a evitar la despoblación en el mundo rural se gastó en construir nuevas casas.

Las conclusiones del organismo que preside la socialista Enriqueta Chicano destapan la distancia entre la propaganda y la realidad en los anuncios del Gobierno sobre la ‘España vaciada’. Así, deja en evidencia en su informe de resultados la política implementada por los de Sánchez para facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural.

El Plan de 130 medidas orquestado por la entonces vicepresidenta primera y ministra del ramo Teresa Ribera, contó con una inversión inicial de 10.000 millones que, más tarde, fue ampliada con 3.419 millones más. Y un presupuesto inicial, que corresponde al 10% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea.

Con todo, el órgano fiscalizador concluye que el Gobierno ha destinado una ínfima parte de la cantidad total presupuestada a la construcción de casas. En total, un 0,8% del montante ha ido para la vivienda. Otro 1,2% a facilitar la movilidad. Dos factores, además, que habían sido considerados como «prioritarios» para el Gobierno en su lucha contra la despoblación rural.

Para el Tribunal de Cuentas han sido por tanto «poco significativos» los esfuerzos que desde el Ejecutivo central se han llevado a cabo, precisamente, para «las acciones de fomento de la accesibilidad a la vivienda y la movilidad sostenible».

Por una «estrategia nacional»

El Partido Popular en el Congreso ha aprovechado los resultados del órgano fiscalizador para, a través de una proposición no de ley (PNL) registrada ya en el Congreso, instar al Gobierno de Sánchez a elaborar una «nueva estrategia nacional» para el mundo rural. También a introducir «medidas específicas» para los territorios que están en riesgo de despoblación.

Los de Feijóo critican que, tras el resultado del informe del Tribunal de Cuentas, el Plan contra la despoblación en España se haya reducido a un «paquete opaco y deficiente de actuaciones». A su juicio, un proyecto dotado además de «recursos insuficientes», una «evaluación incompleta», falto de seguimiento y desconectado de la realidad del entorno rural.

Para el PP, las conclusiones del organismo que preside Chicano demuestran que la estrategia del Gobierno ha sido «una herramienta incapaz de afrontar una realidad sumamente compleja, demostrando que, para el Gobierno, la lucha contra la despoblación no es su prioridad». A ello, suman también que, «en términos estructurales y de inversión, no se ha llevado a cabo ningún avance real en responder a las necesidades de nuestro medio rural».

En el texto de su iniciativa, los de Feijóo también solicitan al Gobierno a presentar en un plazo de seis meses un nuevo análisis sobre la «oportunidad, alcance y aplicación» de la ley que regula el desarrollo sostenible del medio rural. También, a que desarrolle un «estatuto básico de los pequeños municipios» para garantizar un «marco regulatorio» adecuado a sus necesidades.