El Tribunal de Cuentas caza a Vara inflando empresas públicas deficitarias con empleados innecesarios

El Tribunal de Cuentas ha cazado al presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández-Vara, engordando empresas públicas deficitarias con empleados cuya contratación no está justificada. Así lo pone de manifiesto el informe que el máximo órgano fiscalizador del Estado acaba de emitir sobre el ejercicio de 2015.

El informe cita los casos de Gpex (Sociedad de Gestión Pública de Extremadura) y Gisvesa Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura), de las que afirma que «no se ha acreditado la elaboración de informes de necesidad que fundamenten las contrataciones en la modalidad de obra y servicio realizadas». En Gisvesa, como adelantó OKDIARIO, hay 19 militantes socialistas contratados. Entre ellos, el hermano de Ignacio Sánchez Amor, portavoz socialista en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.

Según el Tribunal de Cuentas, 126 trabajadores de tres empresas públicas extremeñas se convirtieron en indefinidos por el sistema de concatenar contratos temporales. Esto es, trabajadores que comienzan con contrato temporal y terminan convirtiéndose en empleados fijos.

La treta tiene el objetivo de esquivar la ley, como el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto: «Ninguna de estas sociedades obtuvo resultados positivos en los tres últimos ejercicios por lo que no cabría la contratación indefinida según la ley de Presupuesto Generales del Estado».

Una «utilización indebida»

El órgano fiscalizador deja al descubierto cómo el gobierno extremeño que preside Guillermo Fernández-Vara está engordando la administración de empleados indefinidos. «La utilización indebida de contratos de obra y servicio para amparar relaciones de naturaleza indefinida, supuso, en virtud de las correspondientes resoluciones judiciales, el reconocimiento de relaciones laborales indefinidas que afectaron a 88 trabajadores. Por otra parte, los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública estimaron en más de 600 trabajadores, los afectados por contrataciones laborales de carácter eventual, que podrían amparar relaciones de naturaleza indefinida con la Administración».

La manga ancha con la que funciona la contratación pública en la Junta de Extremadura queda en evidencia en este dato que ofrece el informe de fiscalización: «Cuatro sociedades públicas, seis fundaciones y seis consorcios pertenecientes al sector público extremeño continuaban sin desarrollar manuales de procedimiento de selección de personal al cierre de 2015».