El Tribunal de Cuentas aflora 1.000 millones de contratos públicos sin justificar del socialista García-Page

El Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en la mayoría de los 656 contratos públicos adjudicados en 2016 y 2017 por la Junta de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page por un importe total de 988 millones de euros.

El tribunal encargado de velar por el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía concluye que en la mayoría de los contratos fiscalizados «no se ha justificado suficientemente la necesidad de su celebración». La administración autonómica ni siquiera ha conseguido en muchos casos acreditar la urgencia que supuestamente justificaba el contrato.

Además, el Tribunal de Cuentas censura a la administración regional de García-Page ya que «los expedientes aportados presentan deficiencias porque los informes sobre la justificación de la necesidad aportados se limitan, bien a mencionar la competencia, a describir el objeto del contrato o, son sumamente genéricos, sin concretarse las necesidades supuestamente existentes en ese momento, que dieron lugar a la tramitación de los respectivos expedientes con los consiguientes gastos».

El tribunal concluye que en la mayoría de los contratos fiscalizados «no se ha justificado suficientemente la necesidad de su celebración»

El informe de fiscalización es demoledor para un gobierno que aspira a revalidar su mandato en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

En muchos de los contratos firmados por la Junta de Castilla-La Manda en 2016 y 2017 los auditores del Tribunal de Cuentas han observado «la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado».

Y, por si fuera poco, también se han descubierto contratos con «pliegos de causas de exclusión o de prescripciones técnicas que limitan la concurrencia».

El Tribunal de Cuentas muestra especial preocupación por el hecho de que, «con carácter general», los contratos públicos de la administración de García-Page vulneran el precepto legal de que «la inversión de fondos públicos y el consiguiente gasto que la mayoría de los contratos implica sólo puede justificarse por la existencia de una auténtica, efectiva y concreta necesidad de interés público motivadora de la tramitación de cada expediente».

Los auditores han detectado «la ausencia de los informes económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado»

Así, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas alerta de que desde 1994 se lleva contratando la conservación de las carreteras de Ciudad Real «sin que exista una justificación de que su externalización resulte más beneficiosa a la Administración, máxime teniendo en cuenta el importe del contrato 4.210.248 euros».

Otro contrato que llama la atención del órgano fiscalizador es el de los servicios de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de las instalaciones de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Puertollano. Con un presupuesto máximo de licitación de 6,6 millones de euros en 48 meses, los auditores han descubierto que «no solo no se justifica la necesidad y falta de medios propios para llevar a cabo los trabajos», sino que el propio informe de necesidad y justificación del procedimiento reconoce «que actualmente en los diversos centros de la GAI, es el propio personal de limpieza, quién viene desempeñando habitualmente, de manera directa unas veces, y de manera indirecta, mediante colaboración con personal más cualificado, otras, la totalidad de las prestaciones objeto del contrato».