Los traslados de sanguinarios etarras por los que las víctimas del terrorismo plantan al Gobierno

• Diana Arias
• Portadista y redactora en OKDIARIO (diana.arias@okdiario.com)
• • 27/06/2021 10:43
  • Actualizado: 27/06/2021 10:43

Las víctimas del terrorismo no acuden a su homenaje en el Congreso de los Diputados como repulsa a la política de acercamiento de presos de ETA y de pactos que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva haciendo con los proetarras de Bildu desde que llegó al poder. PP y Vox tampoco secundan el homenaje.

Desde que el PSOE llegó al Gobierno junto a Podemos hace poco más de dos años no ha habido una semana sin el acercamiento de algún preso etarra a una cárcel cercana al País Vasco. Los datos son abrumadores: el Ejecutivo de Sánchez ha realizado 240 traslados, 195 (el 81%) en el último año, desde junio de 2020.

Entre los 240 acercamientos se encuentran 92 etarras con delitos de sangre. Entre todos ellos suman 290 víctimas en 210 atentados. Sin cambiar de cárcel continúan cinco presos de ETA: cuatro en Andalucía y uno en Murcia.

Pedro Sánchez está premiando el apoyo de los proetarras a su Gobierno con una política de acercamientos total. Entre esos acercamientos encontramos los históricos dirigentes más sanguinarios de la banda terrorista vasca, como María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti’, o José María Dorronsoro.

El objetivo que tiene el Ejecutivo central es poner fin a la política de dispersión que estuvo en vigor cuando ETA asesinaba. Y por esto, y por sus pactos con Bildu, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Covite plantan al Gobierno en el homenaje en el Congreso.

Las organizaciones señalan el «ejercicio de cinismo» del Gobierno de homenajear a las víctimas en una institución en la que tiene representación EH Bildu, «herederos del brazo político de ETA» y uno de los partidos que apoyó la investidura de Pedro Sánchez.

Además, las víctimas temen que esto sólo sea la antesala para otorgar beneficios carcelarios a los etarras presos. No se fían del Gobierno y por eso la AVT ha pedido al Ejecutivo vasco ser informada de cada decisión, al igual que ocurre ahora con el Ministerio del Interior.

Y normal no fiarse. Porque los datos muestran que ya se están produciendo esos beneficios. En 2018, cuando llegó Fernando Grande-Marlaska a Interior, 203 de los 233 etarras en cárceles españolas cumplían condena en primer grado, el régimen cerrado y más estricto de la legislación penitenciaria, que impide acceder a permisos de salida. Este dato se ha ido reduciendo y en la actualidad son una decena los etarras clasificados en primer grado, de los 190 que continúan cumpliendo condena.

Los acercamientos de sanguinarios 

• Joseba Arregi Erostarbe ‘Fiti’. Su acercamiento fue el primero que despertó las críticas de la AVT. Fue en diciembre de 2019 y fue acercado desde Alicante a Asturias, ‘Fiti’ fue uno de los dirigentes etarras del colectivo Artapalo que cayó en la histórica operación policial contra la cúpula de ETA en Bidart en 1992. En octubre de 2020 volvió a ser trasladado, en esta ocasión a la prisión de San Sebastián. ‘Fiti’ contabiliza 15 asesinatos y fue inductor, entre otros, del atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza.
• María Soledad Iparraguirre ‘Anboto’. Fue pareja del histórico jefe etarra Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, y ambos cumplieron condena en Francia pero Iparraguirre tiene aún causas pendientes en la Audiencia Nacional, de ahí que Instituciones Penitenciarias hablara de presa preventiva cuando informó el pasado mes de junio de su traslado desde Madrid I a la cárcel de Álava. ‘Anboto’, entre otros, fue condenada a 122 años de cárcel por ordenar y facilitar material para atentar contra el comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León.
• José María Dorronsoro, de 65 años, es otro de los veteranos etarras enviados al País Vasco. Fue condenado a 26 años de cárcel por cooperar en el atentado con coche-bomba contra un convoy de la Policía Nacional el 11 de junio de 1987, así como por ser cómplice de otro atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián cometido por el ‘comando Donosti’ en 1987.