Las trampas de los CDR para herir a quienes retiren lazos amarillos: ladrillos, clavos y alfileres
Ladrillos escondidos en las ramas de los árboles, alfileres e imperdibles abiertos sujetos entre los lazos y estratégicamente colocados por los CDR a modo de ‘trampas’ para evitar que a los ciudadanos constitucionalistas salgan indemnes de la retirada de propaganda separatista de los espacios públicos.
Los CDR encargados de colocar los lazos amarillos y esteladas que inundan cientos de poblaciones en Cataluña endurecen los métodos para complicar las labores de limpieza a los vecinos catalanes no separatistas.
Las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO hablan por sí solas. Bolsas completas de lazos con alfileres clavados de manera aleatoria, adoquines de barro preparados para caer ante cualquier movimiento o manipulación de los árboles y persecuciones verbales cada vez más frecuentes y agresivas.
Son las últimas reacciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República que tratan de evitar la retirada de su simbología independentista de la vía pública, sin escatimar en los métodos empleados.
Gritos, insultos, acoso, empujones y provocaciones son una constante recurrente en los últimos meses pero ahora, además de advertencias en redes sociales, los miembros de las entidades separatistas lanzan piedras y botellas de cristal, dejan ladrillos en los árboles para que caigan sobre quienes cortan las tiras de plástico amarillo anudadas en las ramas y salpican de alfileres, puntas e imperdibles abiertos los lazos y las esteladas colocadas en el mobiliario urbano para complicar la actividad de quienes los retiran y tratar de amedrentarles.
Desde el pasado 16 de octubre de 2017, fecha en la que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart líderes de las entidades secesionistas Asamblea Nacional y Òmnium Cultural ingresaron en prisión, los lazos amarillos son utilizados por las organizaciones secesionistas catalanas para exigir la libertad de los políticos acusados por los delitos de sedición y rebelión.
Persecución política
La Generalitat, presidida por Quim Torra, anunciaba el pasado fin de semana -a través de la Consejería de Interior- que adoptaría sanciones contra 14 personas identificadas por los Mossos d’Esquadra, en la madrugada del domingo, cuando retiraban lazos amarillos en espacios públicos.
Apelando a la Ley de Seguridad Ciudadana, el Ejecutivo catalán amenazaba con imponer multas de hasta 30.000 euros por “posibles infracciones graves” a los que persistiesen en sus acciones de arrancar simbología separatista.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha negado que colocar o quitar lazos amarillos en la vía pública sea constitutivo de delito y ha calificado ambas acciones como legales en el ejercicio de la «libertad de expresión» en un asunto que se ha convertido en foco de disputa permanente y, casi a diario, en Cataluña.
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