Teresa Freixes (SCC): «Abogacía del Estado y Fiscalía hicieron un papelón con la amnistía en el TJUE»

«La abogada del Estado y los fiscales hicieron un papelón defendiendo la amnistía junto a los independentistas». Lo afirma Teresa Freixes, prestigiosa jurista y vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), que el martes asistió a la vista oral celebrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El tribunal vió las cuestiones prejudiciales planteadas por el español Tribunal de Cuentas, a petición de SCC, sobre la malversación y las de la Audiencia Nacional en relación al delito de terrorismo y los CDR. «No me hubiera gustado estar en el papel de la abogada del Estado y los fiscales», dice Teresa Freixes.

La abogada del Estado fue Andrea Gavela, que trabajó en los gabinetes de Zapatero y Sánchez en Moncloa. Los fiscales fueron Manuel Martín Granizo, impuesto en el Tribunal de Cuentas por el fiscal general del Estado, y Marta Durántez, mano derecha y amiga de Álvaro García Ortiz. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, presumió de «haber ido de la mano» con ellos.

Como explica Teresa Freixes, la vista no salió bien para los golpistas catalanes: «El letrado de la Comisión coincidió prácticamente en todo con los postulados de Sociedad Civil Catalana». Teresa Freixes recuerda que el asunto «no está cerrado» judicialmente y destaca que «la abogada del Estado admitió que caben nuevas prejudiciales con las que paralizar la aplicación de ley tras la sentencia del Tribunal Constitucional». El TC tiene pendientes más de 20 recursos de amparo.

Teresa Freixes señala, con prudencia, que «el TJUE podría tumbar ya toda la Ley de Amnistía si entra en el fondo de la cuestión, no sólo en los aspectos concretos de las prejudiciales, y concluye que es una autoamnistía como defendimos la Comisión Europea y SCC».

PREGUNTA.- ¿Cómo valora la vista oral en el TJUE?

RESPUESTA.- Interesantísima. Quedaron apuntadas cuestiones muy importantes sobre nuestro sistema jurídico y el de la Unión Europea. Fue muy positiva respecto a nuestros planteamientos de las cuestiones estrictamente monetarias y respeto al Estado de Derecho. Coincidimos con la Comisión en prácticamente todo. Hubo dos líneas claras: la del independentismo junto al Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, y la de Sociedad Civil Catalana y la Comisión Europea como guardiana de los tratados de la Unión.

P.- ¿Qué conclusiones pudieron sacarse?

R.- Por una parte, que la Ley de Amnistía puede conllevar un ataque importante al Estado de Derecho. Quedó muy claro que no responde al interés general sino a un pacto político para lograr una investidura en el que los socios del Gobierno son beneficiados directamente por una ley que ellos han redactado. Si el TJUE la califica de autoamnistía, la ley no será aplicada. Es totalmente contraria al derecho de la Unión Europea. Por otra parte, se vieron las cuestiones sobre garantías procesales. Aquí hay que entender bien las cosas respecto a la malversación. Las directivas anticorrupción europeas no se dirigen sólo a impedir y castigar la malversación de fondos europeos, sino toda corrupción con fondos europeos o con fondos internos de un estado miembro. Nosotros defendimos esa postura. La defensa de los acusados, el abogado del Estado y el fiscal centraron el debate en si había o no implicados fondos europeos. Por eso, subsidiariamente, hemos planteado más vías si el tribunal quiere entrar sólo en la malversación de fondos europeos. El caso no está cerrado porque la Comisión no dijo que no hubiera malversación de fondos europeos. Dijo que no había podido probarse porque la ley ha puesto tales barreras procesales que ha sido imposible determinarlo. Por tanto, la Comisión ha dejado la puerta abierta. A la abogada del Estado no le quedó más remedio que reconocer, a preguntas reiteradas del presidente y el vicepresidente del tribunal, que el Tribunal de Cuentas puede hacer unas últimas diligencias para comprobar si ha habido malversación de fondos europeos antes de dictar sentencia. Con lo cual, estamos muy contentos. Veremos cómo enfoca el TJUE su sentencia.

P.- ¿Fue un papelón el de la Abogacía del Estado y la Fiscalía española?

R.- Sí. Fue un papelón. El fiscal del Tribunal de Cuentas parecía que estaba en contra de lo que defendía. Llegó un momento en que, incluso, dijo «con independencia de mi criterio…». Es el problema intrínseco de la Fiscalía en España: la falta de independencia e imparcialidad. La abogada del Estado defendió la línea gubernamental. Le tocó reconocer, tras repetidas preguntas del tribunal, que, frente a una sentencia del Tribunal Constitucional, cabe, en fase de ejecución, la presentación de cuestiones prejudiciales. El Constitucional trata de impedir que, tras sus sentencias, puedan presentarse cuestiones prejudiciales. Esto quedó clarísimo en el turno de repreguntas del tribunal. Veremos cómo queda reflejado en la sentencia, pero es importantísimo.

P.- ¿Significa que el Supremo podrá elevar una cuestión prejudicial tras el fallo del TC?

R.- Sí. Y no olvidemos que el Constitucional tiene pendientes más de 20 recursos de amparo. Esto es clave.

P.- ¿Podría el TJUE tumbar ya toda la Ley de Amnistía?

R.- Sí. Podría. Veremos si la sentencia se limita a los temas concretos de las distintas cuestiones prejudiciales o si va al fondo de la cuestión, como pide la Comisión Europea tanto en la malversación como en el terrorismo. La Comisión dijo que esta ley no se puede aplicar porque vulnera el Estado de Derecho y los valores de la Unión Europea.

P.- ¿La urgencia en aprobar y aplicar la amnistía para esquivar las prejudiciales pone en cuestión una prerrogativa fundamental del TJUE?

R.- Evidentemente. La Comisión y nosotros, Sociedad Civil Catalana, hemos denunciado que la falta de concreción en el ámbito personal y territorial de aplicación de la norma vulnera la seguridad jurídica. Como la obligatoriedad de aplicarla en dos meses.

P.- ¿Devolverán Puigdemont, Artur Mas y Junqueras el dinero malversado?

R.- Todavía no está clara la cantidad. Nos hemos quejado del plazo de dos meses porque no es suficiente para hacer bien las averiguaciones. Esto ha calado bastante en el ánimo de la sala. También otras garantías procesales de la ley. Si el tribunal va dando respuesta a todo esto, veremos en qué queda la Ley de Amnistía. Podría ser que el tribunal la declare totalmente, en esencia, contraria al derecho de la Unión Europea o que fuera declarando contrarias al derecho de la Unión las cosas concretas de las prejudiciales, que, quizás, la derivarían también en inaplicable.

P.- ¿Es posible, entonces, que el TJUE, al hilo de estas cuestiones parciales de las prejudiciales, declare totalmente inaplicable la amnistía?

R.- Sí, si va al fondo de la cuestión, que es el porqué de la ley y su forma de elaboración, que han sido cuestionadas. La Comisión Europea y nosotros hemos recogido las conclusiones de la Comisión de Venecia. Primero, falta de fundamentación. No hay un interés general, que es como las amnistías pueden aceptarse en Europa. Lo que hay son siete votos para una investidura. Segundo, el mecanismo de elaboración por el procedimiento de urgencia. Cuando sale el dictamen de la Comisión de Venecia pudieron aplicar sus recomendaciones pero no lo hicieron. Recomendó sosiego porque esta es una ley de las llamadas «de relevancia constitucional» y necesitan ser aprobadas por una amplia mayoría y no por una exigua mayoría absoluta como ocurrió. La Comisión de Venecia exigió diálogo con la oposición porque estas leyes no pueden ser dictadas por la mitad de un parlamento contra la otra mitad. La Comisión de Venecia reprochó que, al tramitarse como proposición de ley y no como proyecto de ley, la ley no fuera acompañada por los dictámenes obligatorios de los proyectos de ley: Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y otros órganos. La Comisión de Venecia recomendó también hacer estudios para ver el respaldo de la sociedad civil. No se hizo nada de todo esto. Al contrario, se apretó el acelerador, se aprobó y se intentó aplicarla en dos meses. Todo esto cuestiona su legitimidad.

P.- ¿Responderán con su patrimonio Puigdemont, Junqueras y Artur Mas si son condenados?

R.- No lo sé. Supongo que se resistirán como gato panza arriba. Pero, si procede, Sociedad Civil Catalana pedirá las últimas verificaciones ante el Tribunal de Cuentas para fijar la cantidad y exigirá el cumplimiento de la sentencia.

P.- ¿A algunos les preocupaba más el dinero que la cárcel?

R.- Eso dijeron explícitamente.