El Supremo ya archivó la causa contra Barreiro por el ‘caso Novo Carthago’

Se despeja el horizonte judicial de la senadora del PP Pilar Barreiro. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de diciembre el archivo de las diligencias abiertas contra ella por el llamado caso Novo Carthago.

Ya el pasado mes de mayo, el juez instructor José Ramón Soriano había dictado el sobreseimiento libre de la causa, por considerar que durante su etapa como alcaldesa Pilar Barreiro no incurrió en ningún delito al tramitar la Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena.

Este instrumento urbanístico autorizó a la promotora Novo Carthago a desarrollar un proyecto de más de 10.000 viviendas, con un centro de convenciones y un campo de golf, en unos terrenos situados junto al Mar Menor que estaban parcialmente protegidos.

El magistrado consideró innecesario practicar las nuevas pruebas solicitas por la acusación particular que ejercen el Ayuntamiento de Cartagena, Izquierda Unidad y los concejales socialistas Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba.

El «alcalde más chulo de España»

El Tribunal Supremo confirmó en diciembre esta decisión, con una única salvedad: en lugar de dictar el sobreseimiento libre de los hechos como hizo el juez instructor–lo que eximiría definitivamente de cualquier responsabilidad a Barreiro–, el Supremo dictó el archivo provisional. Esto implica que la causa podría reabrirse en el futuro, si aparecen nuevos indicios que impliquen a la actual senadora del PP.

En su auto, lo Sala de lo Penal del Supremo determina que la actuación de Pilar Barreiro «fue la adecuada» durante la tramitación del proyecto urbanístico, y por tanto considera que “no existen indicios suficientes” para mantenerla imputada.

Uno de los impulsores de las acciones penales contra la senadora ha sido el actual alcalde de Cartagena, José López, conocido popularmente como “el alcalde más chulo de España” por sus decisiones arbitrarias.

Desde el pasado mes de junio, José López está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones o actividades prohibidas, en la compra de la “pensión Peninsular” que favoreció a un compañero de su partido.