El Supremo pone orden en la polémica de los nombramientos y vacantes del CGPJ en funciones

Los nombramientos de la cúpula de la organización judicial están, de nuevo, en entredicho. En esta ocasión, las designaciones acordadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que desde diciembre preside en funciones, Carlos Lesmes- para incorporar a tres nuevos miembros del Supremo han sido el último objeto de crítica abierta.

Un total de cuatro vocales miembros del CGPJ han recogido una protesta por escrito sobre esta cuestión que ya ha sido recurrida, ante el propio Alto Tribunal, por varias de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados. Entienden los portavoces de dichas entidades que el máximo órgano de Gobierno se está extralimitando en el ejercicio de sus competencias -y lo está haciendo de manera discrecional- dada su situación de interinidad.

Por el momento se han impugnado los nombramientos de los vocales Enrique Lucas -magistrado propuesto por el PNV- y las jueces Roser Bach y Victoria Cinto, incorporadas a petición del PSOE. Más allá de que el CGPJ se encuentre en funciones, el sector más crítico de la judicatura considera que las designaciones son «apresuradas», «atropelladas» y no han sido suficientemente motivadas.

Sin cautelares

Sin embargo, este mismo martes, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha intervenido para poner orden en la polémica. Y lo ha hecho para rechazar la suspensión provisional de los últimos acuerdos alcanzados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial -formalizados en los meses de junio y julio- en virtud de los que se designaron vacantes para varias Presidencias de tribunales regionales y se convocaron plazas en juzgados colegiados.

Dos asociaciones de magistrados, Jueces y Juezas para la Democracia y la entidad profesional Francisco de Vitoria, pidieron al Alto Tribunal que  dictase medidas cautelares sobre dichas decisiones -en tanto en cuanto no se pronunciase sobre el fondo del asunto en el recurso presentado contra las mismas- pero el Supremo ha descartado dicha posibilidad. Continuará estudiando la reclamación sobre varios de los nombramientos, entre los que se encuentra el del propio presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, pero sin paralizarlas provisionalmente.

Consideraban dichas asociaciones que el CGPJ incurrió en diversas irregularidades en las bases de la convocatoria de plazas ofertadas, ignoró aspectos concretos previstos en el Reglamento para determinar los criterios de asignación de las vacantes; y, al mismo tiempo interpretó subjetivamente otros tantos que no se encuentran contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Por su parte, los magistrados de la Sala Tercera entienden, sin embargo, que al tratarse de decisiones que afectan de manera importante a la cobertura de un servicio público -como es el acceso a la Justicia- su «normal desarrollo» requiere de una «pronta cobertura de las plazas vacantes, tanto judiciales como gubernativas», así que prima el hecho de que «los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad» mientras la propia Sala no se haya pronunciado en sentido contrario.

«Han de prevalecer los intereses generales asociados a la efectividad de las convocatorias efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial en ejercicio de sus competencias”, asegura el Supremo. Motivo por el que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo no ha accedido a la suspensión cautelar de los acuerdos, mientras resuelve el recurso.

Renovaciones

De entre todas las situaciones extraordinarias que está provocando el Consejo General del Poder Judicial en funciones -como consecuencia del bloqueo político- es la reciente sustitución del vicepresidente del Supremo, el magistrado Ángel Juanes, tal y como avanzó en primicia OKDIARIO.

Juanes finalizará su mandato en el Alto Tribunal el próximo 22 de octubre, fecha en la que cumple 72 años y motivo por el que pasará a la jubilación de forma obligatoria. Una situación que en ausencia de Gobierno se vuelve anómala y sobre la que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, tendrá que tomar una decisión ad hoc y de urgencia.

La falta de consenso entre los partidos políticos y la imposibilidad de formar un nuevo Gobierno, más allá de la parálisis institucional directa, ha impedido la renovación ordinaria del máximo órgano de dirección de los jueces -en funciones, desde diciembre de 2018- y está propiciando situaciones atípicas que sus miembros, interinos, deben ir resolviendo sobre la marcha.