El Supremo pide permiso al Congreso para proceder penalmente contra Laura Borrás

Laura Borrás será juzgada por el Supremo. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha solicitado formalmente permiso al Congreso de los Diputados, a través del suplicatorio, para continuar con la causa penal abierta contra la diputada de JxCat por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El Supremo investiga si Borrás cometió dichos delitos, apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

El presidente de la Sala Segunda de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, ha enviado este mismo viernes un oficio al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que a su vez dirija la petición del suplicatorio a la presidenta de la Mesa de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet. El trámite es imprescindible para proceder contra Borrás, por su condición de aforada.

El escrito firmado por el juez instructor, el magistrado Eduardo Porres, que es quien ha instado el suplicatorio, consta de una exposición motivada de los hechos por los que, el pasado mes de febrero, el Supremo citó a Laura Borrás para tomarle declaración. Borrás rechazó la citación y no acudió voluntariamente, en su calidad de investigada, por lo que ahora el Supremo insta al Congreso que autorice su comparecencia de forma obligatoria.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrir causa a la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs, el pasado mes de diciembre de 2019, por sus presuntas irregularidades en la concesión de un total de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), que fueron adjudicados a su «amigo» Isaías Herrero, durante la etapa en que Borrás dirigió la entidad.

El asunto que inicialmente se instruyó en Cataluña y pasó al Supremo tras alcanzar la independentista la condición de aforada, como diputada, arrojó indicios claros de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs «abusó» de su condición de directora de la ILC para adjudicar «directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática», cuyo importe total ascendió a 259.283 euros, sin IVA, a favor de Herrero.

Los magistrados consideraron en sus valoraciones provisionales que los hechos descritos en la exposición razonada del juez instructor, elevada desde el tribunal barcelonés, podrían ser delictivos y por ello imputó a Borrás un total de cuatro delitos. El Congreso tendrá ahora que autorizar la solicitud del Supremo y permitir que la parlamentaria catalana acuda, sin posibilidad de negarse, a declarar ante el magistrado Eduardo Porres.