España
Por la huelga de basuras de El Coronil de 2013

El Supremo juzgará al podemita Cañamero por un delito contra la salud pública

El juzgado número 4 de Utrera (Sevilla) ha iniciado los trámites para que el diputado de Unidos Podemos y exportavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, pueda ser juzgado por el Supremo por la huelga de basuras de 2013. Cañamero fue imputado por presunto delito contra la salud pública por esta huelga, que se prolongó durante 71 días y de la que fue el principal promotor.

Según ha podido saber OKDIARIO, la juez ha acordado librar oficio a las Cortes Generales para que «remitan testimonio» del acta de diputado nacional de Cañamero, el paso previo para que el caso pueda ser elevado al Tribunal Supremo, que es el único competente para juzgarle por su condición de aforado. 

La huelga de El Coronil de 2013 se inició a raíz de la decisión del Ayuntamiento de suprimir  la bolsa de trabajo de la que se nutría el servicio de recogida de basuras de la localidad, en base a la tasa cero de reposición de efectivos dictada por el Gobierno central y al ajuste promovido por el Consistorio en plena crisis económica.

Los montones de basura que se acumularon en la localidad provocaron que la Junta decretase por primera vez el estado de alerta sanitaria. Pese a ello, el sindicalista impidió la entrada de los servicios mínimos de recogida e incluso se organizó una emboscada a un convoy de camiones enviados por la Empresa Pública de Transformación Agraria (Tragsa).

Cañamero, así como su sobrina Irene Lara, actual concejal de Seguridad, Fiestas y Deportes en El Coronil y abogada de Andrés Bódalo, el exedil de Jaén encarcelado por la agresión a un teniente de alcalde del PSOE en Jódar (Jaén) ya prestaron declaración por este asunto. En la causa actúa como denunciante el PSOE, que entonces gobernaba en la localidad, y, en concreto, la que entonces era edil de Seguridad Ciudadana, Alicia Melgar.

La huelga concluyó tras largas negociaciones entre el Ayuntamiento y el sindicato que acabaron en un acuerdo por el que se garantizaba un mínimo de 40 contratos de 15 días para las personas inscritas en la lista, dotados con una cantidad económica igual a la plaza que sustituya. Asimismo, el Consistorio se comprometía a respetar la antigüedad en las contrataciones.

A mediados de febrero, el Supremo ya abrió procedimiento contra Cañamero por delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de coacciones por presionar presuntamente a los trabajadores de la finda La Jarilla, en 2011, para que iniciaran una huelga.

«Una vez en el lugar  insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos «sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta», sostiene el fiscal en el auto. Además, los sindicalistas causaron varios destrozos materiales.

Cañamero, que se declara como «insumiso», se ha negado a comparecer ante el juez. «No voy a ir a ningún juicio, ni a ninguna declaración. Desde 2010, no participo en ningún circo, ni en ningún teatro», aseguró.