España

El Supremo fija prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 150.000 euros para la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell. Previsiblemente, dormirá esta noche en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco.

El instructor de la Sala Segunda del Supremo ha decretado libertad con fianza de 25.000 euros, que tendrán que abonar en el plazo de una semana para evitar la prisión, para Lluís Maria Corominas (exvicepresidente primero de la Mesa), Lluís Guinó (exvicepresidente primero de la Mesa) y Anna Simó (exsecretaria primera de la Mesa), Ramona Barrufet (exsecretaria cuarta de la Mesa). Por último, libertad provisional sin medidas cautelares para Joan Josep Nuet (exsecretario tercero de la Mesa).

Forcadell y los 4 miembros de la Mesa seguirán sujetos a medidas cautelares cuando abonen la fianza impuesta y tendrán que comparecer semanalmente en el Juzgado, tendrán prohibido salir del territorio nacional y deberán entregar a su pasaporte.

Según el auto de 27 páginas del juez Llarena, «debe destacarse que la investigada Carme Forcadell presenta -en estrictos términos de instrucción- una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos».

El magistrado del Supremo afirma que «la investigada ostentó primero la presidencia de la ANC, desde cuyo mandato perfiló, asumió, y comprometió, una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva cuya instrumentación se analiza».

«Una actuación esencial, que vino seguida por su presidencia del Parlament de Catalunya, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia, y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba, fundamentalmente, las Leyes del referéndum y de desconexión, que condujeron a la declaración de independencia, y que hubieran conducido a la convocatoria de unas elecciones constituyentes de no haberse autorizado por el Senado y aplicado por el Gobierno, las medidas que permitieron placar el objetivo secesionista» señala el auto.

«Siendo evidente que el objeto de la medida cautelar de prisión interesada por el Ministerio Fiscal, no es iniciar ejemplificativamente el cumplimiento de la pena que podrá llegar a imponerse en su día, sino impedir su fuga, no puede dejar de contemplarse que aunque ese riesgo exista -en la forma que se ha expresado-, se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados por el TSJC, así como por este Instructor (que lo ha hecho en tres ocasiones, considerando el llamamiento a la comparecencia de medidas cautelares), y ser manifiesto el contraste con otros encausados en este proceso, que se encuentran actualmente fugados» destaca el juez.

«Las defensas de los querellados sostienen», añade el magistrado del Supremo, «en esencia, que el hacer de los querellados y de quienes compartían responsabilidades con ellos, nunca ha buscado actuaciones violentas, llamando expresamente a que cualquier movilización pública discurriera de manera completamente pacífica. Defienden así que no concurre la violencia que el tipo penal exige, por más que su voluntad estuviera encaminada a la consecución de la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña».

Lluis Corominas y Ramona Barrufet, dos de los miembros de la Mesa del Parlamente, a su llegada al Tribunal Supremo para prestar declaración ante el juez Pablo Llarena. Foto: EFE

«Lo que se evalúa es el riesgo de reiteración en ese comportamiento, lo que debe hacerse considerando que el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura, en un ilegal proceso constituyente. En todo caso, todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la CE, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional».

Tras la comparecencia de los 6 querellados, se celebraba una vista conjunta en la que la Fiscalía solicitaba prisión incondicional para Forcadell, Guinó, Corominas y Simó; prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para Barrufet y libertad con medidas cautelares para Nuet.

La responsabilidad civil de 6,2 millones

El juez Pablo Llarena ha dictado un segundo auto en el que deniega la medida cautelar de fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía para los seis exmiembros de la Mesa del Parlament de Catalunya querellados.

El magistrado no concede la medida solicitada “sin perjuicio de que pueda ser acordada, en la cuantía que corresponda, si el contenido de la instrucción que se inicia lo mostrara pertinente”.

Acatan el 155 y  la DUI fue «simbólica»

Carme Forcadell ha comparecido durante 2 horas ante el juez instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y ha respondido las preguntas formuladas por el Ministerio Público con el objetivo de mostrar “su colaboración con la Justicia” y de esta forma, intentar esquivar la petición de ingreso en prisión.

En su declaración, Forcadell, así como los demás miembros de la Mesa han acatado el artículo 155 de la Constitución española y han afirmado que la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, en el Parlamento catalán del pasado 27 de octubre era «simbólica» y «sin efectos jurídicos».

La dirigente independentista ha defendido su labor como presidenta de la Cámara catalana, asegurando que tramitó las leyes independentistas con el objetivo de crear debate y que se respetaron los derechos del resto de parlamentarios no secesionistas. Además, ha asegurado que sus funciones  no eran suficientes como para controlar el Parlamento regional.

Además, ha afirmado que evitar un debate parlamentario «habría sido un incumplimiento de la legalidad» aplicable a la Mesa del Parlamento, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático y que siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos y que “la vía pacífica es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos”. En este contexto, ha recalcado el carácter «pacífico y exento de violencia» de las movilizaciones independentistas.

El letrado de Forcadell ha aportado abundante documentación relacionada con el control presupuestario y el Fondo de Liquidez Autonómica, FLA, en soporte documental y electrónico para argumentar su defensa. Además, alegaban que «las cuentas de Cataluña están intervenidas desde hace un año».

Joan Josep Nuet y Anna Simó, dos de los miembros de la Mesa del Parlamente, a su llegada al Tribunal Supremo para prestar declaración ante el juez Pablo Llarena por la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Foto: EFE