España
Policía Nacional

El Supremo condena al Gobierno por discriminar a los policías nacionales en la jubilación anticipada

Una sentencia histórica pone en evidencia la desigualdad que el Ejecutivo ha mantenido durante años

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia demoledora que pone al descubierto una de las discriminaciones más flagrantes perpetradas por el Gobierno de España contra sus propios funcionarios. En la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha fallado contra el Estado por negar sistemáticamente a los policías nacionales el derecho a la jubilación anticipada, un privilegio que sí reconoce y financia generosamente para otras fuerzas policiales.

La resolución judicial revela la enorme contradicción en la que ha incurrido el Gobierno español. Mientras que el Estado no ha dudado en regular, reconocer y financiar íntegramente la jubilación anticipada para la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y las policías locales, ha mantenido en un limbo legal discriminatorio a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que ingresaron después del 1 de enero de 2011.

«Si el Estado ha reconocido, financiado y regulado el anticipo de la edad de jubilación en los cuerpos policiales autonómicos y locales, no resulta justificado que haya omitido toda regulación en los cuerpos policiales estatales», sentencia el Tribunal con claridad.

El fallo judicial desmonta los argumentos del Ejecutivo. Los magistrados han determinado que existe una «situación implícita lesiva del principio de igualdad» y que no existe «justificación objetiva y razonable» para mantener esta discriminación.

La sentencia es especialmente dura al señalar que se trata de «situaciones homogéneas, con consecuencias jurídicas distintas, sin justificación objetiva y razonable», lo que constituye una vulneración flagrante del artículo 14 de la Constitución Española.

Particularmente sangrante resulta el hecho de que el Gobierno haya destinado millones de euros para financiar las diferencias de cotización de los cuerpos policiales autonómicos, mientras niega el mismo derecho a los funcionarios estatales que realizan idénticas funciones y afrontan los mismos riesgos.

El Supremo ha sido especialmente crítico con esta situación, señalando que «mayormente cuando el Estado está financiando las diferencias de cotización de los cuerpos autonómicos» no tiene justificación alguna mantener esta discriminación.

Una victoria sindical

El sindicato JUPOL, que interpuso el recurso, ha logrado una victoria de calado que pone de manifiesto la dejadez y el trato discriminatorio del Gobierno hacia sus propios funcionarios. Durante años, el Ejecutivo ha ignorado las reclamaciones legítimas de estos profesionales, obligándoles a recurrir a los tribunales para conseguir lo que debería haberse reconocido hace tiempo.

El Tribunal Supremo ha rechazado categóricamente todos los argumentos esgrimidos por el abogado del Estado. La pretensión gubernamental de justificar la discriminación aludiendo a la situación de «segunda actividad» ha sido calificada por los magistrados como insostenible, al tratarse de «planos materiales distintos».

La sentencia deja claro que la segunda actividad «es una situación administrativa especial» diferente de la jubilación, y que no puede utilizarse como excusa para mantener la discriminación.

El Tribunal no se ha limitado a constatar la discriminación, sino que ha obligado al Gobierno a actuar. La sentencia declara «la obligación de la Administración del Estado de iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria para la regulación de la jubilación anticipada» en condiciones de igualdad.

Esta sentencia supone un durísimo revés para un Ejecutivo que ha hecho de la igualdad y la justicia social sus banderas políticas. La realidad es que ha mantenido durante años una discriminación injustificable contra los funcionarios que arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos.

El fallo judicial no deja lugar a dudas: el Gobierno ha vulnerado la Constitución y ha tratado de manera desigual a quienes merecen el mismo respeto y reconocimiento. Una vez más, ha sido necesaria la intervención de los tribunales para obligar al Ejecutivo a cumplir con sus obligaciones más elementales.

Reacción del Gobierno

Como era previsible, el Gobierno ha intentado minimizar el impacto de esta sentencia demoledora con el anuncio precipitado de un nuevo reglamento para la jubilación anticipada en «profesiones penosas». Una medida que llega justo después de la condena judicial y que evidencia que el Ejecutivo sabía perfectamente de la injusticia que mantenía, pero que solo ha actuado cuando se ha visto obligado por los tribunales.

La ministra Elma Saiz y su departamento se han visto forzados a acelerar unos trámites que llevaban meses de retraso llevando el asunto a la rueda de prensa del Consejo de Ministros para intentar dar la sensación de que actúan por propia iniciativa y no por imposición judicial. Una maniobra que no logra ocultar la realidad: el Gobierno ha tenido que ser arrastrado a los tribunales para reconocer derechos básicos a sus funcionarios.

Satisfacción de los policías

Mientras tanto, los sindicatos JUPOL, JUSAPOL y JUCIL celebran una victoria que pone de manifiesto la eficacia de su estrategia judicial frente a la sordera gubernamental. Como ha declarado el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero: «Mientras otras organizaciones criticaban la utilización de recursos para el reconocimiento de la Profesión de Riesgo en la vía judicial, JUPOL ha centrado sus esfuerzos en este sentido, dada la nula negociación con el Gobierno».

Subrayan que el diálogo social tan cacareado por el Gobierno se ha revelado como irreal. Sólo la presión judicial ha conseguido lo que años de negociación habían sido incapaces de lograr.

Los datos que aportan los sindicatos son demoledores para la imagen gubernamental. Las diferencias salariales actuales entre policías estatales y autonómicos son escandalosas: un 20% en el salario base, un 61% en las pagas extra y un 45% en las pensiones de jubilación. Mientras las policías autonómicas pueden jubilarse a los 59 años en condiciones dignas, los policías nacionales y guardias civiles ven vetado este derecho.

La sentencia del Tribunal Supremo establece un precedente judicial que puede tener consecuencias mucho más amplias de las que el Gobierno está dispuesto a admitir. Como ha señalado Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, se trata de «un hecho histórico sin precedentes» que abre la vía para reclamaciones similares en otros ámbitos de la función pública.