El sueldo de consejero de Estado que podría cobrar Pumpido: 130.000 € al año con carácter vitalicio

Cándido Conde-Pumpido podría acceder a uno de los cargos más privilegiados de la Administración española tras finalizar su mandato como presidente del Tribunal Constitucional en diciembre. El puesto de consejero permanente del Consejo de Estado comporta una retribución anual de 130.000 euros con carácter vitalicio, además de prerrogativas propias de secretario de Estado que incluyen coche oficial con chófer y despacho en el Palacio de la calle Mayor.

«Esto es el momio mayor del mundo, porque nunca se jubilan y rara vez se mueren», comentan con sorna fuentes internas del Consejo de Estado a OKDIARIO. El cargo representa una de las sinecuras más codiciadas del sistema institucional español. Los consejeros permanentes mantienen su estatus hasta el fallecimiento. No necesitan pensión, ya que nunca se jubilan. «No hay vida mejor», agregan.

La retribución equivale al sueldo de un secretario de Estado en activo. Los beneficios incluyen protocolo oficial, vehículo con conductor y un despacho en el histórico edificio del Consejo de Estado en la céntrica calle Mayor de Madrid.

El Gobierno socialista ha iniciado una compleja operación para crear una vacante que permita el nombramiento de Conde-Pumpido. Las maniobras han incluido la modificación de la estructura tradicional de la institución y la creación de una novena consejería permanente.

Se movieron deprisa cuando contaban con que iba a ganar el PP hace dos años. Antes, María Teresa Fernández de la Vega fue nombrada presidenta del Consejo, creando posteriormente una plaza adicional «específica para la mujer». Posteriormente, dimitió y fue nombrada Magdalena Valerio, primero; y Carmen Calvo, después.

La nueva consejería fue ocupada por María Luisa Carcedo, ex ministra de Sanidad del PSOE. La designación rompió la tradición institucional, ya que Carcedo no es jurista, es médico.

La composición original del Consejo incluía ocho consejeros permanentes nombrados entre juristas que tengan al menos la categoría de ex presidentes de las Cortes, ex ministros, ex presidentes, ex consejeros, embajadores y catedráticos» La tradición establecía que el gobierno que va a nombrar a alguien lo consulta con la oposición. Sin embargo, ahora el PSOE quiere acaparar todo el poder posible sin apostar por el consenso.

La estrategia actual se centra en conseguir la incapacitación de María Teresa Fernández de la Vega para liberar su plaza. Están esperando el fallecimiento de José Luis Manzanares Samaniego, que es el mayor (95 años), o liquidar a María Teresa Fernández de la Vega.

La ex vicepresidenta del Gobierno habría mostrado signos preocupantes de cansancio en los últimos meses con errores de falta de concentración y dispersión. En alguna ocasión le han tenido que corregir para advertirle que determinado día no había sesión plenaria, tal como ella creía.

Se ha sugerido a Fernández de la Vega que renuncie voluntariamente. Le han dicho: «María Teresa, quizá mejor renuncias y te vas a descansar a tu vivienda en La Granja de San Ildefonso». Sin embargo, la ex vicepresidenta con José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que no, que ella está muy bien y que no se va.

Las relaciones internas del Consejo se han deteriorado por el enfrentamiento desvelado por OKDIARIO entre Carmen Calvo, actual presidenta, y Fernández de la Vega. «Se quieren matar. Se odian», describen los testimonios pulsados.

El conflicto tiene raíces ideológicas profundas. Son de facciones distintas del feminismo. Calvo es «TERF», es decir, que está a favor de que las mujeres trans no son mujeres» mientras Fernández de la Vega mantiene que las mujeres trans sí son mujeres.

La institución atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su creación en 1845. El Consejo de Estado había mantenido tradicionalmente la neutralidad y prestigio técnico, características que podrían verse comprometidas por estas maniobras políticas.

La operación para acomodar a Cándido Conde-Pumpido representa un ejemplo paradigmático de cómo el poder político pretende moldear las instituciones del Estado para satisfacer intereses partidistas, convirtiendo un órgano consultivo de élite en botín de guerra entre facciones socialistas. Todo después de las controvertidas decisiones de salvar al PSOE desde la Corte de Garantías temas clave como la Ley de Amnistía o los recursos de los condenados del caso de los ERE de Andalucía.