El socialista detenido asignó 47 millones a la antigua Imelsa tras anunciar su desmantelamiento

El presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, asignó un total de 47 millones de euros de presupuesto a la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) en los dos últimos años, tras anunciar en 2016 su desmantelamiento.

El Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia ha coordinado este miércoles una operación contra la corrupción con los agentes de la UDEF que se ha saldado con la detención del citado presidente de la Diputación Provincial y alcalde de la localidad de Onteniente, dos asesores y tres altos cargos de Divalterra. Esta empresa pública dependiente de la Corporación Provincial se dedica al «desarrollo socieconómico de los municipios de la provincia».

La causa, abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos se inició en 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

El socialista Jorge Rodríguez que preside la Diputación Provincial de Valencia anunció en diciembre del 2016 su voluntad de vaciar de competencias a Divalterra, antigua Imelsa. La razón eran los escándalos de corrupción protagonizados por la sociedad relacionados con la financiación ilegal del PP o el pago de mordidas. En esas fechas, también se había visto envuelto en irregularidades el entonces gerente, Víctor Sahuquillo.

Sin embargo, sólo dos semanas después Jorge Rodríguez aprobaba el presupuesto para el año 2017 de 24.050.693 euros incluyendo partidas para mejorar la red comarcal de Agencias de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), dinamizar las áreas industriales y las zonas comerciales, integrar en el mercado laboral a parados de larga duración en riesgo de exclusión social, fomentar el emprendimiento entre los jóvenes y reducir las emisiones de carbono. El presupuesto se reducía 1 millón respecto al año anterior.

Alrededor de 16 millones se destinarían a gestión forestal y regeneración de zonas verdes urbanas, 90.000 euros para extender la red de Agencias de Empleo a los municipios que no disponen del servicio, 60.000 euros para modernizar las áreas y polígonos industriales de la provincia o 100.000 euros para impulsar planes estratégicos orientados a revitalizar los centros comerciales urbanos.

También, se destinaron 250.000 euros para ayudar a encontrar trabajo a parados de larga duración mayores de 30 años en riesgo de exclusión social, 100.000 euros para la formación de jóvenes menores de 30 años, 190.000 euros para tratar de reducir la huella de carbono, 150.000 euros para impulsar el asesoramiento técnico en la administración y 130.000 euros para el impulso de la agricultura ecológica.

Respecto a los presupuestos destinados a Divalterra para el año 2018, la Diputación de Valencia presidida por Jorge Rodríguez aprobaba  una partida de 22.885.415 euros. En total, 47 millones de euros en dos años.

Además del presidente de la Diputación, han sido arrestados un asesor, el jefe de gabinete, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra y los dos directores gerentes de esta empresa pública. Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasarán previsiblemente el viernes a disposición del Juzgado instructor.

Imelsa y la financiación ilegal del PP

El Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia, que investiga el ‘caso Imelsa’ y su derivado conocido como ‘Taula’, abría recientemente una nueva pieza separada para investigar el cobro de comisiones ilegales de las empresas de Enrique Ortiz para financiar al PP de la Comunidad Valenciana a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa.

El juez investiga delitos de prevaricación y cohecho por el pago de 500.000 euros, en dos entregas, de 350.000 y 150.000 euros, denunciado por el exsecretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, en su comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción.

En el conocido como caso Imelsa, dividido en varias piezas, se investigan delitos de corrupción, entre ellos la supuesta financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales, amaño de contratos públicos y blanqueo de capitales en las elecciones autonómicas y municipales de 2011 y 2015.