Sindicatos policiales denunciarán al podemita Fonsi Loaiza por publicar fotos de agentes infiltrados

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 19/02/2025 08:42
  • Actualizado: 19/02/2025 21:56

La Unión Federal de Policía (UFP) ha condenado la impunidad con la que  varios perfiles en redes sociales han publicado información y datos personales sobre varios policías que han estado infiltrados en operaciones de alto riesgo. A juicio de la UFP, esos usuarios «han traspasado líneas rojas al exponer información sensible de agentes de la Policía Nacional».

Este sindicato considera que las ofensivas al entorno personal y familiar de los agentes constituyen un «ataque directo al derecho fundamental que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de todos los ciudadanos españoles», han explicado.

Los hechos a los que se refiere la UFP, tienen que ver con la publicación de unas fotografías en varias cuentas de Twitter, entre ellas la del periodista podemita Fonsi Loaiza, que en sus redes sociales ha dejado constancia de una fotografía con los rostros, nombres y apellidos de 9 policías bajo el tema Infiltración es tortura.

En el texto que acompaña a la fotografía, Loaiza escribe: «Ayer se premió en los Goya a la película Infiltrada. Estos son los policías que han estado infiltrados por el Ministerio del Interior en los movimientos sociales de izquierdas en Barcelona, Girona, Madrid y Valencia. Hay policías infiltrados en todo el país. Cuídense».

Otros usuarios que vieron la publicación del periodista, siguieron sus pasos, pero fueron aún más lejos, llegando a publicar nuevas fotografías con las caras de estos policías y datos explícitos de donde viven. «M.A.G vive en Aranjuez, se compró una casa allí en 2009. Se la puede ver paseando habitualmente con su perro por allí», dice uno de los usuarios de la red social X con una imagen de la fachada de la casa.

En la misma línea, otro usuario comenta: «C.P.M se compró a principios de 2023 una vivienda en Algarrobo, (Málaga) por valor de 125.000 euros después de finalizar su infiltración». Un texto que va acompañado de una fotografía de este agente.

En declaraciones a OKDIARIO, la UFP ha explicado que «cada persona tiene derecho a la privacidad, al honor y a la propia imagen. Esto significa que su vida privada y la de su familia no pueden ser expuestas sin consentimiento, su reputación no puede ser dañada injustamente y su imagen no puede ser utilizada sin permiso».

«Venimos alertando de la proliferación de contenidos que, con total impunidad, difunden imágenes, datos personales y otra información que pone en riesgo la integridad de los policías y de sus familias. No podemos permitir que la identificación de agentes en redes sociales se convierta en una herramienta para la coacción, la amenaza o el señalamiento público, vulnerando flagrantemente su derecho a la privacidad y a la protección de datos», han denunciado.

Por todo ello, y a la espera de contar con la aprobación y consentimiento de los policías afectados en estas publicaciones, la Unión Federal de Policía pondrá una denuncia formal ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que hechos como los expuestos no queden impunes.

«Instamos a la AEPD a actuar con la máxima contundencia ante estos hechos y solicitamos un refuerzo en las medidas de seguridad digital para los miembros de la Policía Nacional y demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La protección de nuestros agentes no es negociable y es algo sobre lo que no vamos a dar ni un paso atrás», aseguran.

Y añaden: «Las redes sociales pueden ser un espacio de convivencia e intercambio de información, pero no toleraremos que se convierta en una plaza pública donde se ataque personalmente a los policías y sus familias».

Además, el sindicato también ha alertado de las multas que acarrearía la vulneración de estos derechos. En el caso de filtración de datos personales de policías, la sanción dependería de la evaluación de la Agencia Española de Protección de Datos, pero podría considerarse una infracción grave o muy grave según el daño causado, pudiendo llegar la sanción hasta los 20.000.000 millones de euros.