Los sindicatos policiales acusan a los partidos de impulsar los «manifestódromos» y desprotegerlos
Cuatro sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP Y SPP- han acusado hoy a los partidos de desproteger a los agentes si finalmente sale adelante el acuerdo de no sancionar la grabación y difusión de sus imágenes, así como de impulsar los "manifestódromos" en la reforma en trámite de la conocida como "ley mordaza".
En un comunicado conjunto, los sindicatos han criticado los acuerdos a los que han llegado los grupos en el Congreso dentro de la ponencia que estudia la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que, a su juicio, desmantelan varios de los puntos que más afectan al trabajo de los agentes y convertirán a la norma en una ley «escorada y coja».
Respecto al acuerdo para no sancionar la grabación y difusión de sus imágenes salvo que se acredite un riesgo para su seguridad, los sindicatos se preguntan si los policías son servidores públicos «con menos derechos y garantías que jueces y fiscales o políticos que pelean por hacerse con escolta y protección estática en sus domicilios porque les insultan o amenazan en redes sociales».
También censuran otro de los acuerdos alcanzados en la ponencia, como es que deje de ser sancionable el uso indebido de prendas o emblemas e insignias policiales.
A los sindicatos le resulta llamativo este acuerdo, toda vez que ese uso es «el medio preferido por muchos grupos organizados para despejar cualquier recelo de los ciudadanos en un robo o extorsión».
Se refiere también el comunicado a otro de los acuerdos: el de permitir las manifestaciones espontáneas, comunicadas por vía telemática y solo con 4 horas de antelación.
«Esta opción abre la puerta a que determinadas ciudades, Madrid entre ellas, se conviertan en ‘manifestódromos’ colapsados en los que circular o hacer vida normal sea imposible», subrayan los sindicatos.
Pero recuerdan, además, que desde el punto de vista policial gestionar una manifestación requiere unas actuaciones de planificación, como el recorrido, el número de efectivos para el orden público, el refuerzo de otras plantillas, el análisis de riesgos, etc…, «ue no se podrán abordar en un plazo de unas pocas horas».
«Y si la asistencia prevista es elevada -se habla de casos mediáticos, en los que el apoyo social sería muy intenso-, pretender esa previsión en un tiempo récord va más allá de lo policialmente asumible», apostillan los sindicatos.
Insisten los representantes sindicales en la necesidad de normas que les «protejan» jurídicamente, a la vez que reclaman a los grupos parlamentarios que reflexionen para que la ley de Seguridad Ciudadana se modifique desde criterios técnicos normativos y no «desde el sectarismo».
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