Los sindicatos policiales aceptan la propuesta de Interior para la equiparación salarial

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han decidido este martes aceptar la propuesta del Ministerio del Interior sobre equiparación salarial, renunciando así a la consulta previa entre sus bases. La noche de este lunes las organizaciones representativas denunciaron un boicot a la web de votación que imposibilitaba, según ellos, la celebración de la consulta online.

Desde que alertaron a última hora del lunes de que el portal de la votación había sufrido un ataque «organizado, mafioso, premeditado y delictivo», las organizaciones representativas y mayoritarias estudiaron alternativas para celebrar la votación.

Finalmente, según confirman diferentes fuentes al tanto de la negociación, han desistido de buscar esta alternativa al entender que no está garantizada la seguridad del proceso, con el riesgo añadido de que se filtren datos personales de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según explican las citadas fuentes, desde la unidad de acción de asociaciones y sindicatos, que se ha reunido de urgencia este martes, se ha decidido mayoritariamente comunicar a Interior que quieren firmar el acuerdo. Al comprobar que no disponen de tiempo para convocar a sus órganos estatutarios, tomarán la decisión desde los respectivos órganos nacionales.

«La Unidad de Acción está mayoritariamente a favor de la firma. Asume la responsabilidad y tomará la decisión», han publicado a primera hora de la tarde en Twitter algunas organizaciones sindicales como adelanto a la rueda de prensa convocada a las 18.00 horas en el complejo policial de Carabanchel (Madrid).

Críticas de algunos sectores policiales

La oferta para la equiparación policial ha despertado el interés de otros colectivos también deseosos de mejorar sus sueldos como los militares, los funcionarios de prisiones o los enfermeros y médicos.

Sin embargo, desde el ámbito de las organizaciones policiales algunas plataformas como Jusapol, impulsora de muchas de las protestas pidiendo «Equiparación ya», y otros sindicatos minoritarios o no representativos han acusado a los negociadores de «venderse» y de haber pactado un acuerdo insuficiente.

La última oferta del Ministerio del Interior del 27 de febrero contentó a los sindicatos que continuaban sentados en la mesa de negociación, de la que se habían levantado días antes, por la promesa de destinar 400 millones de euros en 2018 en el capítulo de sueldos y otros 100 para agentes en segunda actividad o en la reserva que quieran aceptar un empleo sin plus excesivo de peligrosidad.

La cifra se eleva hasta los 1.200 millones en tres años si se suman los 300 millones de la subida que les corresponde por ser funcionarios públicos, y que se computa finalmente aparte, al igual que otras inversiones en instalaciones y medios. Según los cálculos de Interior y de sindicatos, la equiparación con los Mossos d’Esquadra será una realidad en 2020, cuando un policía ganará 561 euros brutos más de promedio y un guardia civil, 720 euros.

Una ley y una auditoría externa

Tras décadas pidiendo la equiparación con los Mossos, los sindicatos y asociaciones mayoritarios en los Consejos de la Policía y la Guardia Civil valoran positivamente que Interior se comprometa a aprobar, además, una ley de retribuciones que evite la descompensación salarial entre diferentes cuerpos policiales.

El acuerdo que se refrendará en los próximos días –se prevé como fecha este jueves– contempla también que una auditoría externa, con supervisión de los sindicatos, afine aún más la cantidad para alcanzar la equiparación sobre la propuesta que llevó a la mesa de negociación el 27 de febrero el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

El titular del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha calificado el todavía preacuerdo de «histórico», subrayando en varias ocasiones que su Departamento es consciente de que la situación que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puede compararse a la de otros funcionarios públicos.

Alegan desde Interior el despliegue sin precedentes para hacer frente al desafío independentista y, sobre todo, a la situación de nivel 4 de alerta terrorista que obliga a un «sobresfuerzo muy importante» en las tareas ordinarias de los agentes. También reconocen que la antigüedad de los catálogos de la Policía y Guardia Civil provoca que estos estén «descompensado».