Los sindicatos de los Mossos exigen que la Fiscalía investigue por qué no se les ordenó actuar contra los CDR

Los sindicatos de la Policía han pedido que la Fiscalía investigue las «órdenes políticas» para que los Mossos d’Esquadra no actuaran contra los Comités de Defensa de la República (CDR) que cortaron durante el fin de semana autopistas en Cataluña. Además, avisan del potencial riesgo que, en este contexto, puede suponer para la seguridad la llamada a la movilización para boicotear el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona.

Los portavoces de las organizaciones representativas de la Policía Nacional, el cuerpo encargado de la seguridad del Consejo de Ministros, han alertado de que se debe prever la seguridad del Gobierno habida cuenta de la «escalada de tensión en la que participa la propia Generalitat», a la que acusan de traspasar «líneas rojas». Censuran así al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por cuestionar actuaciones recientes de la policía catalana.

Este lunes los CDR han vuelto a llamar a la movilización durante el 21-D a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, con mensajes en los que alientan a «tomar las calles», «prepararse para resistir» y «tumbar el régimen» coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros.

Calvo anuncia medidas; silencio en Interior

Los sindicatos policiales consideran que la seguridad del Consejo de Ministros en Barcelona la deben asegurar los Mossos, aunque es Moncloa quien directamente supervisa este tipo de dispositivos. Creen, además, que en caso de necesitar refuerzos, se pueden brindar con los efectivos de la Jefatura Superior de Cataluña. Hasta este lunes, no tienen constancia de que se baraje la posibilidad de solicitar refuerzos, aunque hay fijada una reunión de personal para el próximo miércoles.

Desde Sevilla, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido que están estudiando «toda la capacidad de respuesta» para evitar actuaciones como la de los cortes y aperturas de peajes de autopistas en Cataluña.

Preguntada por si es el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución, la vicepresidenta ha indicado que esa es «la última medida a la que hay que llegar» y que la Constitución y el Estado de Derecho establece situaciones de repuesta «en las que se encuentra el Gobierno central». Un portavoz del Ministerio del Interior ha guardado silencio al ser cuestionado por estas posibles respuestas.

La Generalitat pasa líneas rojas

Sin entrar a valorar la idoneidad de aplicar de nuevo el artículo 155, el SUP, CEP y SPP creen que la reunión del Consejo de Ministros se tiene que celebrar con normalidad en cualquier parte de la geografía española si así lo decide el Ejecutivo, tal y como ocurrió semanas atrás en Sevilla.

«Los policías no debemos interferir en cuestiones políticas pero nos preocupa la misma convocatoria del Consejo de Ministros en Barcelona por cuestiones estéticas si, con ello, se pone en riesgo la seguridad pública», ha comentado el portavoz del SUP, Ramón Cosío, a preguntas de Europa Press.

«Lo que no entendemos es que la Generalitat siga pasando líneas rojas perjudicando a los ciudadanos y a los propios Mossos, que son presionados para seguir la estrategia independentistas en detrimento de la seguridad de todos», ha añadido Ramón Cosío.

Las organizaciones sindicales sostienen que es el Govern de Quim Torra quien genera una crisis el pasado 6 de diciembre, día de la Constitución, por las cargas «proporcionales» de los Mossos en Girona y Terrassa tras los disturbios generados por activistas independentistas que pretendían impedir sendas manifestaciones apoyadas por VOX.

Tanto el secretario general del CEP, Antonio Labrado, como el portavoz de SPP, Adolfo Medina, califican de «irresponsable» que la Generalitat apueste por la vía eslovena hacia la independencia e insisten en que son los ciudadanos perjudicados o la propia concesionario de la AP-7 los que deben denunciar las acciones de los CDR.

Recuerdan que, coincidiendo con el aniversario del 1-O, Torra ya pidió a los CDR que «apretaran»: «Apretad, hacéis bien en apretar», dijo en un acto público. «La situación en Cataluña está tomando un rumbo que no es nada halagüeño», avisan desde los sindicatos policiales.

En este sentido, recuerdan que el pasado 7 de diciembre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también reclamó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, un plan integral de protección de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña, «ante los ataques ocurridos en los últimos días en sedes judiciales», a las que se han arrojado pintura y heces. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘procés’, también sufrió actos vandálicos en su casa.