Una asociación demanda a la cúpula policial por «mala fe e incompetencia» en la gestión del coronavirus

Un grupo de policías pide a la Justicia que investigue a las Direcciones Generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por su actuación de «mala fe, ignorancia deliberada o incompetencia para el ejercicio» de sus responsabilidades durante la crisis sanitaria del coronavirus. Una incompetencia que ha consistido -según consta en la demanda presentada por la asociación ‘Una Policía para el siglo XXI’- «en omitir sus obligaciones» con los agentes que dependen de ellos, lo cual «ha tenido serias consecuencias».

«Existe la posibilidad de que en ambas Direcciones Generales se hayan recibido instrucciones desde la Secretaría de Estado de Seguridad tendentes a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aparentasen una situación de normalidad para no incrementar la alarma social», aseguran los inspectores de policía. Algo «contraindicado » por los propios técnicos en informes anteriores y que «confirmaría la tesis del uso político de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en contra de todo criterio operativo», añaden. Para lo cual, «ambos habrían estado dispuestos a arriesgar la salud y la vida de los funcionarios en beneficio de la agenda política de su partido y sus socios de Gobierno», concluyen.

Por ello, solicitan a las autoridades judiciales que depuren responsabilidades.

Prevaricación

Los agentes consideran que «la descoordinación por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad en la pandemia podría ser constitutiva de sendos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores.

La orden interna 226/2020 «por la que se establecen los criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» una vez declarado el estado de alarma, trasladó a «la Dirección General de la Policía su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de su personal». Una indicación a partir de la cual se publicó, el 16 de marzo, el plan rector de la Policía Nacional contra el COVID-19.

En dicho programa «se hizo referencia a disposiciones anteriores y se autorizaron las modificaciones de horario para reducir riesgos de manera abierta, sin especificar», alegan los agentes en el escrito presentado ante el Juzgado de Guardia de Madrid. «Este hecho generó confusión. Había un clamor entre los policías que, ante la inacción del Gobierno, propusieron establecer turnos estancos, de modo que no hubiese interacción personal entre los agentes con turnos fijos de día o de noche y los que cubren turnos rotatorios de 24 horas», ya que estos últimos trabajan en horarios indistintos incrementado «exponencialmente la exposición de todos los agentes» al coronavirus, exponen.

Sin embargo, «la única modificación que se hizo desde la Dirección Adjunta Operativa, fue permitir cambiar la cadencia de quienes prestan servicio a turnos rotatorios, y no implementar un turno único, única manera de crear compartimentos estanco».

Además, se planteó la opción de «las patrullas unipersonales en un solo vehículo por agente, para evitar que un contagiado fuera causa de dos bajas trabajando en parejas». Una modalidad que «no fue considerada» por los mandos, aseguran los denunciantes, pero que «en algunos cuerpos de policía local sí se puso en marcha».

Riesgos laborales

Además, los agentes entienden que desde las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil se incurrió en un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. A raíz de un documento del Ministerio de Sanidad ‘Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2’, los mandos policiales establecieron a los agentes como «personal con bajo riesgo de contagio».

Ni policías ni guardias civiles, ni los empleados de Instituciones Penitenciarias, los conductores de transporte público, los bomberos o el personal de seguridad fueron incluidos en protocolos específicos como exigen las normas de prevención de riesgos laborales. «Lo anterior es contradictorio desde el momento que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están envueltos en identificaciones a diario a distancias inferiores a un metro y en el levantamiento de cadáveres de infectados, a menudo en presencia de quienes convivían con los fallecidos. Cuerpos a los que no se practica una autopsia y que no reciben la prueba de coronavirus, sino que son directamente cremados», subrayan los policías ante el juez para que abra diligencias de investigación.