El separatismo instruye a sus alcaldes para que declaren ‘non grato’ a Juan Carlos I
La marcha del Rey emérito Juan Carlos I del país ha dado aire a un separatismo que estaba agonizando. Los presuntos delitos cometidos por el antiguo jefe del Estado y revelados por este periódico sirven ahora a los partidos independentistas para agitar de nuevo a sus bases de cara a unos meses que se prevén intensos. Tan es así que desde los principales partidos secesionistas, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP, se ha instruido a los alcaldes separatistas para que aprueben mociones en sus municipios declarando al Rey Juan Carlos ‘persona non grata’.
Este gesto sin valor efectivo es meramente político para continuar acaparando titulares. No obstante, con la presentación de dichas mociones, el independentismo provocará también que todos los partidos tengan que tomar partido. También los Comuns y el PSC, ambos al frente del Gobierno de coalición. En concreto, reconocen en el independentismo, «comunes y socialistas tendrán que decidir si son fieles a sus principios o prefieren serlo a sus sillas en el Consejo de Ministros».
El debate de la moción en el ayuntamiento de Barcelona, que se registrará en unos días, se prevé que sea el más intenso y acalorado de todos. La gran diversidad de partidos representados en el Consistorio barcelonés, con el PP y Ciudadanos compartiendo bancada, algo que no ocurre en otros ayuntamientos, hará que los reproches entre partidos separatistas y constitucionalistas centren el debate de la moción. Además, la ciudad condal cuenta con varios homenajes al Rey emérito, como una de sus calles principales. El independentismo también quiere que se le retire el nombre del callejero municipal.
Más allá de las mociones, que no son más que un acto más de precampaña de las inminentes elecciones catalanas que Quim Torra va a convocar en breve, el independentismo también prepara una ofensiva contra la Casa Real y el Gobierno en el Congreso y en el Senado. ERC, JXCat, la CUP y los vascos EH Bildu pedirán la comparecencia de varios miembros del Ejecutivo, entre ellos, el presidente Pedro Sánchez, para que den explicaciones sobre la marcha del Emérito y cuál fue el papel que jugó La Moncloa en toda esta operación.
Esas peticiones de comparecencia preocupan en el Gobierno, sobre todo en la parte socialista, ya que ven posible que sus socios de coalición, Podemos, pueda acabar apoyando la petición para que alguno de los ministros tenga que dar explicaciones en la Cámara baja. El PSOE confía en los partidos constitucionalistas representados en la Mesa, sobre todo en PP y Vox para frenar las reclamaciones separatistas.
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