Segoviano es la bisagra que abrirá la puerta de la presidencia del Constitucional a Pumpido o Balaguer

El Tribunal Constitucional ha considerado idóneos a los cuatro nuevos miembros que formaran parte del órgano tras examinar, en un Pleno gubernativo, que cumplen con los requisitos que fija la ley. De este modo, la Corte de Garantías ha aprobado por unanimidad las candidaturas del ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez (magistrados propuestos por el Gobierno), así como de los magistrados del Tribunal Supremo  César Tolosa y María Luisa Segoviano, nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. El siguiente paso será decidir quién ocupa la disputada presidencia del Constitucional: Cándido-Conde Pumpido o María Luisa Balaguer. En esa decisión será clave el voto de la magistrada Segoviano.

Recibido el aval de pleno, quedan cesados de su puesto el actual presidente, Pedro González-Trevijano, su vicepresidente, Juan Antonio Xiol Rius, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares. Ahora los cuatro nuevos magistrados deberán jurar o prometer su cargo ante el rey Felipe VI a quien compete nombrarlos para un periodo de nueve años. De esta manera, el tribunal quedará conformado por una mayoría de magistrados propuestos por el PSOE que alcanzarán la cifra de siete sobre once, mientras que los postulados por el PP serán cuatro. Y deberán elegir a los dos miembros que ocupen las vacantes que han dejado libre González-Trevijano y Xiol.

Hasta el momento se ha mantenido una regla no escrita que consiste en que el bloque mayoritario (a partir de ahora será bloque izquierdas) asume la presidencia y el minoritario (ahora los propuestos por el PP) ocupan la vicepresidencia del órgano. Así, los dos magistrados del bloque izquierdista Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer han comenzado a librar una batalla por la presidencia.

De los once votos que tienen que ser repartidos entre los dos magistrados, la situación actual es la siguiente: Cándido Conde-Pumpido cuenta con el apoyo de los magistrados del bloque izquierdista Ramón Sáez Valcárcel, Inmaculada Montalbán Huertas, Juan Carlos Campo, Laura Díez y su propio voto. Es decir, cinco. La magistrada Balaguer será secundada por el grupo de los magistrados propuestos por el PP. Estos son Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez, César Tolosa y su propio voto. Es decir, cinco también. Por tanto, el voto de María Luisa Segoviano será el que desempate y resuelva el entuerto.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO confían en que Segoviano apoye a Balaguer como futura presidenta del Constitucional. Ambas son magistradas feministas. La primera rompió el techo de cristal al presidir una Sala del Supremo y la segunda está dispuesta a aceptar la presidencia como, según ha declarado, «una manera de darle vigor al feminismo». Existe buena sintonía entre ambas y, además, a Segoviano –según fuentes de su entorno– le gustaría que una mujer presidiese el órgano máximo garante de la democracia.

Segoviano

Esta jurista experta en derecho laboral y en temas relacionados con lo Social nació en Valladolid en 1950. En esta localidad se licenció en Derecho y con 24 años aprobó las oposiciones como Secretaria de Magistratura de Trabajo e ingresó como magistrada en la Carrera Judicial en 1987  por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos entre 1997 y 2002 y presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior con sede en Valladolid entre ese año y 2006, cuando fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo. En octubre de 2020 se convirtió en la primera presidenta de Sala del Tribunal Supremo en sus más de 200 años de historia, en específico en la Sala de lo Social. El pasado 20 de octubre se declaró su jubilación forzosa tras alcanzar la edad máxima legal, y tan solo dos meses después ha accedido al Tribunal Constitucional.

Algunas de las sentencias que marcó su carrera, fue establecer un canon reforzado de justificación para despedir a una mujer embarazada y con reducción de jornada por cuidado de niños. También fue la magistrada que estableció que el tiempo invertido por las mujeres españolas en los Servicios Sociales obligatorios de la Sección Femenina, durante la época franquista, debe contar para la jubilación anticipada como sucede con el servicio militar en el caso de los hombres. Fueron algunas de las resoluciones que hizo que la magistrada sea identificada como «jueza feminista».