Sánchez pacta con Cataluña restricciones que le negó a Madrid para imponer el estado de alarma

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 14/10/2020 06:49
  • Actualizado: 14/10/2020 17:16

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no tiene intención de retirar de momento el estado de alarma sobre Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez lo decretó el pasado viernes alegando que el número de casos acumulados por cada 100.000 habitantes era superior a los 500. Con esa cifra ya por debajo del tope impuesto por Illa, el ministro vuelve a cambiar de criterio y fija ahora en 200 el índice para considerar que los datos están en la buena evolución. Sin embargo en Navarra, donde se supera esa cifra de los 500 casos, y en Cataluña, donde la evolución a peor hace presagiar a las autoridades sanitarias que se puede superar a finales de semana pese a tener una evolución de la pandemia peor que en Madrid, no va a haber intervención del Estado.

Salvador Illa y las consejeras de Sanidad de Navarra y Cataluña han mantenido varios contactos en los últimos días con el fin de evitar la extensión del estado de alarma a ambas Comunidades al término de la semana o principios de la próxima. La razón por la que estas dos Comunidades, gobernadas por el PSOE, Geroa Bai y Bildu y por los socios separatistas de ERC y JxCAT, se librarán de la intervención del Ejecutivo, más allá de no querer molestar a sus socios es porque Illa les ha pedido de forma discreta que se avancen a presentar sus propias restricciones para evitar que él se las tenga que reclamar y se llegue a un escenario similar al de Madrid. Fuentes del Ministerio recuerdan que todas las Comunidades tienen a su disposición la posibilidad de pedir el estado de alarma pero que en Navarra y Cataluña no lo ven necesario.

El plan que ultiman en Cataluña, tras las últimas conversaciones entre Salvador Illa y la consejera Alba Vergés, según fuentes del Gobierno catalán va en la misma línea que el ya implementado en Navarra. El Govern, con Pere Aragonès a la cabeza, trabaja este martes en un paquete de medidas similar al que ya se está implantando en otros países de Europa y que pasa por limitar los movimientos de los ciudadanos sin estado de alarma y en base a hacer en casa todo lo que no sea imprescindible hacerlo fuera. La intención es presentarlo el jueves. En definitiva, se trataría de un nuevo confinamiento light ya que en lugar de prohibir la salida de casa se incentivaría el cierre de centros de trabajo, universidades y lugares de ocio. El objetivo es propiciar que los ciudadanos se queden en casa. Desde la Generalitat reconocen que es una medida «difícil de implementar» ya que, sin estado de alarma, no hay capacidad prohibitiva ni sancionadora. Fuentes del Ejecutivo catalán apelan a la responsabilidad individual de los catalanes en unos días en que, según sus expertos, la tasa de contagios se disparará más de un 30%.

Por eso, este martes se ha conocido que el Govern va tomar medidas drásticas para evitar grandes aglomeraciones de personas. Por ejemplo, suspendiendo la práctica de todas las competiciones deportivas no profesionales. También han pensado en un cierre total de bares y restaurantes en toda Cataluña.

En Navarra, el plan de restricciones que presentó el fin de semana pasado la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, es sin embargo mucho menos ambicioso que el que en su día propuso la Comunidad de Madrid y que tumbó el Ministerio de Sanidad. Los confinamientos en la Comunidad Foral son muy excepcionales y el ejecutivo socialista de Chivite se limitó a endurecer un poco más las reglas al sector de la hostelería, uno de los más afectados por la crisis derivada de la pandemia. De esta forma, según informó la presidenta en una comparecencia, desde el lunes los navarros tienen unas prohibiciones similares a las del estado de alarma, como la limitación de los encuentros sociales o el cierre de la restauración, pero sin esta herramienta constitucional en vigor y sin restringir la movilidad de los ciudadanos, algo que sí ocurre en Madrid.