Sánchez no justifica el veto a 790 millones en ayudas para el campo y Armengol sale a su rescate

El desprecio de Pedro Sánchez al campo llega a límites insospechados. Si bien este miércoles OKDIARIO reveló que el Gobierno ha usado su poder de veto en una proposición de ley del PP dirigida a establecer ayudas para el sector primario, este periódico ha podido saber de fuentes parlamentarias que dicho veto no ha estado suficientemente justificado.

El Ejecutivo ha esgrimido en su poder de veto que esta medida podría llegar a costar más de 790 millones de euros al erario. Sin embargo, sí se ha comprometido a perdonar 15.000 millones de deuda a los independentistas catalanes, tal y como consta en el acuerdo que incluye la Ley de Amnistía.

De este modo, tal decisión de Moncloa no sólo supone un revés a las demandas de agricultores, ganaderos y pescadores, sino que ni siquiera se ha ajustado a la legislación vigente y a lo establecido en doctrina del Tribunal Constitucional.

Es aquí donde a través del servicio de letrados del Congreso -dirigido por el ex alto cargo socialista Fernando Galindo-, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha maniobrado y ha salido al rescate de Pedro Sánchez dándole una «segunda oportunidad» al Gobierno para justificar su veto. Así lo ha hecho pese a que «el ordenamiento jurídico no concede ese plazo extra», advierten las fuentes parlamentarias. Además, no se ha fijado límite temporal alguno.

La normativa vigente da 30 días al Gobierno para dar su conformidad o disconformidad ante una proposición de ley de los grupos parlamentarios. En este tiempo, el Ejecutivo debe dar una «respuesta motivada» y si no lo hace en ese periodo, se entiende por dada su conformidad. En el caso de la proposición de ley del PP de «apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía», el Ejecutivo ha expresado su veto porque la implementación de dicha iniciativa podría costar más de 790 millones de euros al erario. Sin embargo, Moncloa no ha justificado como es debido la aplicación aquí del artículo 134.6 de la Constitución, que permita al Gobierno vetar una proposición de ley si supone un «aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios».

La Mesa de la Cámara recibió el veto del Gobierno, con el deber de revisar si esa respuesta estaba motivada. Al no estarlo, el órgano de gobierno de la Cámara tendría que haber rechazado el escrito de Moncloa y aceptado la tramitación de la proposición de ley. Sin embargo, aquí ha entrado en acción el letrado mayor, al servicio de Armengol, y la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso para dar al Gobierno de Sánchez un plazo extra en el que pueda justificar bien su veto.

Así, la Mesa, conforme a la propuesta del equipo de Galindo, ha solicitado al Ejecutivo «información complementaria en relación con la cuantía de la afectación de la iniciativa a los ingresos y gastos del presupuesto en vigor». Una segunda oportunidad que la normativa aplicable no contempla, máxime cuando ya han trascurrido los 30 días de plazo para que el Gobierno motive su veto. El Gobierno actúa así atropellando los derechos de los grupos parlamentarios, e impidiendo de forma torticera debatir iniciativas legislativas. Al más puro estilo de república bolivariana o narcodictadura.

Desde el PP afirman que «conocíamos de la falta de sensibilidad de Sánchez con el sector del campo, pero negar que se pueda contar, en un caso de crisis de disponibilidad de alimentos, con las ayudas de minimis que regula la Unión Europea, o que se reduzca el IVA de los insumos demuestra que el Gobierno o no tiene escrúpulos o no ha entendido nada».

La portavoz de Agricultura del PP en la Cámara Baja, Milagros Marcos, reaccionó así en redes sociales este miércoles a la información de OKDIARIO sobre el veto del Gobierno: «Increíble pero cierto. No permiten ni debatir la proposición de ley del PP para ayudar al sector primario y reconocerlo estratégico», señaló.

Terceros países

En la proposición de ley, el Grupo Popular recalca que «la globalización de los mercados agrarios y la apertura del mercado europeo, si no se realizan con las debidas precauciones y con los oportunos controles sobre las producciones importadas, puede suponer un riesgo para la sostenibilidad de zonas de cultivo tradicionales, no sólo por las favorables condiciones de acceso al mercado que hace más competitivas las producciones de países terceros, sino también por los problemas sanitarios que en ocasiones acompañan a las producciones importadas».

Entretanto, a la vez que las protestas del campo contra el Gobierno de Sánchez continúan por distintos puntos de la geografía española, los agricultores convocados por la organización Unión de Uniones volverán a concentrarse este domingo 17 marzo en otra tractorada en Madrid.